Santo Domingo, República Dominicana. Durante los últimos doce años (2006-2018), la Cámara de Cuentas de la República Dominicana realizó un total de 798 auditorías, para un promedio de 66 auditorías al año, lo que significa, que siendo las instancias públicas y privadas que reciben fondos del presupuesto del Estado más de 1,500 instituciones, apenas se ha estado auditando un 4% promedio al año; expresó el movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, mediante un comunicado de prensa.
PC manifestó que “esta ineficiencia de la Cámara de Cuentas no se justifica bajo ningún argumento, toda vez que es un órgano constitucional que existe con un único propósito y que recibe un presupuesto suficiente para haber dado mejores resultados a la sociedad. A esto se suma la ineficacia, puesto que estas auditorías no han servido para detener la corrupción y el despilfarro de los recursos públicos, ni siquiera son un insumo para la rendición de cuentas del gobierno, ni del Congreso Nacional”.
El movimiento señaló que ese pobre 4% de auditorías al año es todavía más cuestionable cuando se examina en detalle. Así, se tiene que hubo años como el 2007 que sólo se hicieron 20 auditorías, en el 2015 un total de 18, unas 22 en el 2016, sólo 4 auditorías en el 2017 y ninguna fue terminada en el 2018. “Vista esta relación anual, se puede decir, que hasta ahora, la presente Cámara de Cuentas ha sido la más improductiva, evaluada por el número de auditorías que ha concluido”.
Participación Ciudadana informó que solicitó por escrito la relación de las auditorías y recibió de la Cámara de Cuentas la respuesta de que todas las realizadas son las que aparecen en la página web de la institución, de donde fueron extraídos los datos.
Otro aspecto que destacan, al observar las 798 auditorías realizadas en 12 años, es la importancia de las instituciones auditadas, indicando que en el gobierno central se auditaron 86 instituciones con un total de 270, para un 33% del total y que, si se toma en cuenta la proporción del gasto público, donde el gobierno central concentra más del 90% del presupuesto nacional, entonces el número de auditorías y su frecuencia debió ser mucho mayor.
PC también se refirió a que en el gobierno central se dan casos que llaman la atención y motivan a muchas preguntas. Por ejemplo, en estos últimos 12 años, a EDESUR (2008) y EDENORTE (2009) se les ha hecho una sola auditoría, respectivamente; a la Lotería Nacional solo 2 (2008 y 2009); a Bienes Nacionales, una (2008); al MESCyT, dos (2009 y 2010); a la Procuraduría General, dos (2009 y 2010); Agricultura , una (2012); a la DNCD, una (2007); Industria y Comercio, una (2008); Banco de la Vivienda, una (2006); Superintendencia de Seguros, una (2008); al Ministerio de Educación, solo dos, en los años 2009 y 2010, de manera que los cuantiosos recursos provenientes del 4% del PIB que empezaron a entregarse en el 2013, no han sido auditados.
En contraste con lo anterior, la Cámara de Cuentas auditó a 102 gobiernos locales, en los cuales realizó un total de 242 auditorías, con una frecuencia mayor que las del gobierno central. Estos gobiernos (ayuntamientos y juntas locales) manejan menos del 3% del presupuesto público, y son auditados, también en un número mayor, por la Contraloría General de la República.
En cuanto a los fondos públicos entregados a 32 partidos reconocidos en el periodo 2006-2018, Participación Ciudadana destacó que sólo se hicieron 54 auditorías, lo que significa que estos fondos no se están auditando anualmente, ni siquiera con cierta periodicidad, pues en promedio, sólo 4.5 de los 32 partidos fueron auditados al año. “En este grupo, llama la atención que, al partido gobernante, PLD, sólo se le ha hecho una auditoría en 12 años (2008); al PRSC, dos; al PRD, cinco; al PRM, cuatro. Estos cuatro partidos son los que reciben el 80% de los fondos contemplados en la Ley Electoral.”
Por su parte, las organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro que reciben fondos públicos, prácticamente no han sido auditadas. En este período solo se auditaron ocho ONGs, con 25 auditorías, una cifra considerada completamente ridícula por el movimiento, tomando en cuenta que las ONGs que reciben fondos públicos pasan de 900.
“La actual Cámara de Cuentas debe explicar por qué en el 2018 no se concluyó una sola auditoría, si en su plan de trabajo aprobado a finales del 2017 se comprometieron a auditar a 196 instituciones, abarcando los gastos del 2016 y el 2017, por un monto de mil ciento veinte y cuatro mil millones de pesos (RD$1,124,000,000,000.00)”, sostuvo Participación Ciudadana.
Indicó que a esa situación hay que sumar el hecho de que, a más de un año del escándalo ODEBRECHT, la Cámara de Cuentas guarda silencio sobre las auditorías que le corresponde hacer a las obras construidas por esa empresa, que confesó una sobrevaluación promedio de 22%.
Participación Ciudadana aboga por que todas las instituciones, organizaciones y empresas que reciban fondos de la sociedad sean auditadas anualmente y que en ningún caso se deje fuera a las que reciben mayor presupuesto, como ha venido ocurriendo. Adicionalmente, manifiesta que el Congreso Nacional, entidad de la cual depende la Cámara de Cuentas, está en el deber de analizar los resultados de estas auditorías, rendir cuentas al país y encaminar la acción pública en los casos que se requiera.
