La nueva disposición que obliga a los artistas a profesionalizarse y vincularse con el Ministerio de Cultura levantó polémica en Cuba. Concebido para «proteger la cultura» y sancionar el uso de lenguaje sexista o vulgar, el decreto 349 apunta al reggaetón, un ritmo creciente en la isla.
También condena el «intrusismo profesional», en un país con talentos de conservatorio pero donde abunda la espontaneidad artística, con músicos «de oído», que brotan en La Habana Vieja tocando por propinas de turistas y bautizados como «soperos» (trabajan por la sopa).
La nueva norma, que reemplaza una de 1997, prevé también sanciones para el que viole límites «de sonidos y ruidos», use irrespetuosamente símbolos patrioso mantenga «conductas violatorias de las normas y disposiciones vigentes en materia de política cultural».
La norma además otorga a inspectores la capacidad de veredicto y ha sido calificada por artistas, incluso simpatizantes del gobierno, como «incompleta», «nebulosa» u «oscura».
Los más radicales lo tildaron de «decreto mordaza», cuando la nueva Constitución, que se someterá a referendo el 24 de febrero, consagra la creación artística como «libre».
«Creo que en el contexto de la Cuba actual, y más con la Constitución (…) no hay espacio para que un decreto tenga lagunas y tenga espacios dudosos y tenga nubes o nebulosas, o deje incertidumbre», dijo a la AFP el popular cantautor Tony Ávila, de 47 años.
El propio presidente Miguel Díaz-Canel admitió recientemente que el tema «debió ser más discutido y mejor explicado». Él firmó el decreto el 20 de abril, un día después de sustituir a Raúl Castro en la presidencia de Cuba.
Miguel Díaz con Raúl Castro (Reuters)
«Lo vamos a aplicar de manera progresiva en la medida que vayamos alcanzando ese consenso», dijo el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, el 6 de diciembre, víspera de su entrada en vigor.
La política cultural fue trazada por el líder Fidel Castro (1926-2016) en 1961 y se sintetiza en: «Dentro de la revolución, todo; contra la revolución, nada».
El 349 enfatiza que la difusión o comercialización del producto artístico debe ser a través de «la institución cultural a que corresponda». «No vamos a renunciar al trabajo de las instituciones», subrayó el ministro Alonso en la televisión. «No las vamos a privatizar, el papel de las instituciones es central dentro del programa cultural de la revolución».
