Bogotá, Colombia. El exsenador Antonio Guerra fue detenido este jueves en Bogotá señalado de participar en la red de sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht en Colombia, informó la Corte Suprema de Justicia local.
Las pruebas recogidas «comprometen al excongresista con los sobornos pagados» por la constructora brasileña «para obtener ventajas y favorecimiento en la adjudicación de contratos de infraestructura» pública, indicó el alto tribunal en un comunicado.
Exparlamentario del partido de centro-derecha Cambio Radical y declarado independiente del gobierno de Iván Duque, Guerra se presentó voluntariamente ante las autoridades en la capital del país tras ser notificado de una orden de captura en su contra, agregó.
La Corte Suprema de Justicia, con competencia de investigar y juzgar a funcionarios con fuero, lo acusa de los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir agravado, cohecho y tráfico de influencias.
Guerra, que ocupó un escaño en el Congreso entre 1998 y 2002 y entre 2006 y 2018, presuntamente hizo parte de un grupo de políticos -conocido como ‘Los buldozer’- que impulsaba en el Parlamento la contratación de obras públicas a favor de Odebrecht, según la fiscalía.
El excongresista estaría involucrado en la adjudicación en 2012, durante el primer mandato de Juan Manuel Santos, de la autopista Ruta del Sol 2, que atraviesa el país de centro a norte y principal foco de corrupción de la firma brasileña en Colombia.
También se le acusa de haber sido parte del proceso de otorgamiento en 2015 al consorcio Navelena, del que Odebrecht era parte, de un cuestionado préstamo público para un proyecto que buscaba volver navegable el río Magdalena, el principal del país.
Además, se le señala supuestamente de estar comprometido con un contrato de estabilidad jurídica que buscaba garantizar condiciones contractuales favorables para Odebrecht.
Inmersa en una trama corrupta con estelas en 12 países, la constructora brasileña reconoció en 2016 ante la justicia estadounidense haber obtenido jugosos contratos de obras públicas mediante sobornos a políticos.
Hasta el momento seis personas han sido condenadas por este escándalo en Colombia, donde se pagaron coimas por al menos 32,5 millones de dólares, según la fiscalía.
