La Octava Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional ordenó ayer a la prestadora de servicios de telecomunicaciones Compañía Dominicana de Teléfono Claro Codetel entregar a la accionante Miriam Concepción Germán Brito, juez de la Suprema Corte de Justicia, las documentaciones relativas a la interceptación telefónica de su número.
La jueza Diana Moreno dio un plazo de 10 días a Claro Codetel, a los fines de que cumpla con la orden del tribunal de entregar las documentaciones requeridas por la magistrada Germán Brito.
Indica el periódico El Nacional que el tribunal declaró bueno y válido el recurso de habeas data incoado por la juez presidente de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, Germán Brito, por haber sido interpuesto de conformidad con las normas procesales.
En cuanto al fondo, la juzgadora acogió la acción constitucional que consigna la negativa de dicha prestadora de servicios de entregar las informaciones requeridas por la magistrada Germán Brito respecto a una orden de interceptación telefónica dispuesta por un juez de la instrucción de Santo Domingo Oeste a petición de la Procuraduría General de la República.
La decisión establece que dicha negativa de la entidad accionada lesiona el derecho a la autodeterminación informativa de la accionante, por lo que ordenó a dicha prestadora de servicios de telecomunicaciones la entrega a la accionate (Miriam Germán Brito) de la documentación en el aval de la orden de interceptación telefónica número 2018 AU 09661 de fecha 24 de noviembre del 2018, dada por la jurisdicción de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santo Domingo Oeste.
“Se otorga un plazo de 10 días a la entidad accionada, a los fines de que cumpla con las órdenes del tribunal de entregar la documentaciones a la parte accionante Miriam Concepción Germán Brito”, expresa la decisión.
Interviene teléfono
A raíz de cuestionamientos hechos en reunión del Consejo Nacional de la Magistratura por el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, a la magistrada Germán Brito, fue que se desveló que la Procuraduría a través del procurador procurador adjunto Bolívar Sánchez solicitó la intervención del teléfono de la magistrada, aduciendo que la misma tenía comunicación con el imputado del caso Odebrecht Víctor Díaz Rúa y un hombre que le construyó una vivienda el cual estaba relacionado al narcotráfico.
Diferentes sectores de la población se manifestaron en apoyo a la magistrada Germán Brito, presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Apelación.
