El papa publicó el viernes una ley sobre la prevención y la lucha contra la violencia a menores y personas vulnerables, entre ellas los abusos sexuales, que se aplica a empleados de la Curia y el Vaticano, así como al cuerpo diplomático.
Esta ley incluye una prescripción de 20 años para denunciar los actos de violencia, un plazo que se aplica a partir de la edad de 18 años para los menores agredidos.
Un artículo prevé la obligación de denuncia, salvo en caso del sacramento de la confesión para los eclesiásticos.
La ley está acompañada por un «motu proprio» explicativo –carta apostólica a iniciativa del papa–, dedicado a la «protección de menores y de personas vulnerables» en el seno de la Curia romana y la Ciudad del Vaticano.
«El Santo Padre desea que –-también gracias a estas normas que conciernen al Estado de la Ciudad del Vaticano y la Curia Romana-– madure en todos la conciencia que la Iglesia deba ser cada vez más una casa segura para los niños y las personas vulnerables» indica un comunicado de la Santa Sede.
Una persona condenada por haber abusado de un menor o de una persona vulnerable debe ser «destituida de su cargo». Pero esta persona también debería recibir ayuda psicológica y espiritual adecuada con vistas a su «reinserción social», indica el papa.
Esas líneas directrices para hacer frente a casos de abusos sexuales son exigidas desde 2011 por la Santa Sede a las conferencias episcopales de todo el planeta.
Pero la Ciudad del Vaticano y la Curia romana (gobierno del Vaticano), se hallaban en un vacío jurídico en este ámbito.
