José Peguero 
El opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, podría ser sometido a la justicia ordinaria tras una nueva movida del oficialismo que busca despojarlo de su inmunidad parlamentaria.
En paralelo, y en momentos de caos por los apagones que paralizan el país desde inicios de marzo, que mantienen a millones sin servicio de agua, el presidente Nicolás Maduro sacó este lunes del gabinete ejecutivo a su cuestionado ministro de Energía Eléctrica, el general en retiro Luis Motta Domínguez.
«He decidido designar a un trabajador de la industria eléctrica con 25 años de experiencia(…), el ingeniero Igor Gavidia» como nuevo ministro, dijo el mandatario socialista en cadena de radio y televisión.
Sin embargo, agradeció la labor de Motta, quien ocupaba el cargo desde 2015.
Horas antes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pidió a la oficialista Asamblea Constituyente levantar la inmunidad a Guaidó, jefe del Parlamento de mayoría opositora.
«Se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (Diosdado Cabello), a los fines del allanamiento de la inmunidad parlamentaria» de Guaidó, señaló la corte, acusada por la oposición de servir al chavismo.
El TSJ tomó la decisión al considerar que el diputado «quebrantó» una prohibición de salida del país impuesta el pasado 29 de enero.
Ese día, el tribunal le abrió una investigación a Guaidó por «usurpar» las funciones de Maduro, luego de que el 23 de enero se juramentara presidente encargado tras la decisión del Parlamento de declarar «usurpador» al gobernante.
La oposición considera ilegítimo el segundo mandato de Maduro, iniciado el 10 de enero, por ser resultado de elecciones «fraudulentas».
Guaidó salió clandestinamente del país en febrero y retornó el 4 de marzo desde Colombia, a través del aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas. Realizó entonces una gira por América Latina, tras fracasar el 23 de febrero su intento de ingresar donaciones de Estados Unidos en alimentos e insumos médicos.
– «Esto es dictadura» –
Guaidó respondió que no se dejará «intimidar» por la decisión judicial.
«Vamos a seguir trabajando, porque vamos a seguir en las calles movilizados y organizados. Esto es persecución, esto es dictadura», recalcó el opositor.
El TSJ, de línea oficialista, ratificó además la prohibición de salida de Venezuela, así como el bloqueo de las cuentas bancarias de Guaidó y el impedimento para enajenar y gravar bienes de su propiedad, indicó la sentencia.
La medida allana el camino para un eventual juicio ordinario a Guaidó, sindicado además por Maduro de planear un atentado en su contra en asociación con su jefe de despacho, Roberto Marrero, detenido el 21 de marzo. El legislador rechaza esas acusaciones.
Se suma, además, la inhabilitación que le impuso la Contraloría para ejercer cargos públicos durante 15 años; que Guaidó desconoció al considerar que el contralor fue designado ilegalmente por la Constituyente.
Estas decisiones se producen cuando el jefe parlamentario planea una movilización hacia el palacio presidencial de Miraflores -en fecha no establecida-, como parte de lo que llama «operación libertad».
Guaidó no ha dado detalles de ese operativo, del que, según anunció, habrá un «ensayo» el próximo sábado durante nuevas manifestaciones.
Como es costumbre, el chavismo responderá sacando a las calles a sus partidarios. «Nos vamos a mover este 6 de abril también, una gran movilización en Caracas y en toda Venezuela», dijo Cabello.
Maduro acusa a Guaidó de ser un «títere» de Donald Trump para organizar una invasión y entregar a Washington el control de la mayor reserva petrolera del mundo.
– «Ni una gota de agua» –
Mientras las tensiones políticas crecen, millones de venezolanos continúan sin servicio de agua por los apagones masivos, que forzaron a Maduro a racionar la electricidad y reducir la jornada laboral.
«Tenemos niños pequeños y no tenemos con qué darles una gota de agua para tomar», exclamó María Rodríguez, en Caracas.
Ante la emergencia, Maduro anunció el domingo un plan de racionamiento eléctrico por 30 días.
El colapso de los servicios, incluidos comunicaciones y transporte, detonó protestas espontáneas el domingo, varias de ellas reprimidas por colectivos, grupos civiles afines al gobierno, algunos de los cuales, según la oposición, están armados.
Al menos dos personas resultaron heridas, según manifestantes.
Maduro, que atribuye los apagones a sabotajes de Estados Unidos y la oposición, dio luz verde a los colectivos para contener las protestas que tilda de «guarimbas» (acciones violentas).
El gobierno redujo en dos horas la jornada laboral en los sectores público y privado, aunque este lunes anunció que las clases se reanudarán el miércoles.
Familias haciendo colas y cargando bidones y baldes para recoger agua de manantiales, roturas de tuberías, cunetas o de los camiones cisterna proporcionados por el gobierno o adquiridos por cuenta propia es una escena habitual.
El gobierno reitera que «atentados terroristas» han dañado la central hidroeléctrica de Guri, que genera 80% de la energía eléctrica en Venezuela.
Sin embargo, la emergencia parece estar lejos de solucionarse debido a la falta de inversión en infraestructura y una corrupción endémica, advierten expertos.
Ensegundos.do 
José Rafael Sosa 
Amaury Mo 
