El candidato presidencial, Ramfis Domínguez Trujillo, se pronunció respecto de las denuncias sobre interceptaciones telefónicas presentadas, primero por la destituida jueza Miriam Germán y ahora por la diputada perremeísta Faride Raful. En este sentido, en su cuenta de Twitter: @ramfisdt, indicó que: “Un gobierno de acciones abusivas como la de intervenir teléfonos sin el debido proceso de ley, que usa intimidación, extorsión, y coerción para su beneficio se llama dictadura”.
Asimismo insistió que “cuando el gobierno maneja los estamentos del poder a su antojo y utiliza mecanismos de opresión como el espionaje ilícito y arbitrario, con métodos como la intervención a las líneas telefónicas, sin cumplir con los procesos legales correspondientes, para luego incurrir en actos de intimidación, manipulación, extorsión, chantaje y demás en beneficio propio, eso se llama dictadura”.
El aspirante a la presidencia también sostuvo que las intervenciones telefónicas se han convertido en una práctica muy común en la República Dominicana. “¿Cómo determinar que estamos viviendo una dictadura? Cuando vemos que los estamentos del poder se valen de los mecanismos de gobiernos dictatoriales y estos se convierten en parte del ejercicio político. Estas intervenciones telefónicas se han vuelto una práctica demasiado común en nuestro país, donde vemos que las leyes que rigen este tipo de actividad se le hacen caso omiso”.
Según cifras dadas a conocer por el Ministerio Público, las autoridades judiciales autorizaron intervenir alrededor de 17,637 líneas telefónicas entre los años 2017 y 2018, según afirman en el marco de procesos de investigaciones que manejan.
Igualmente, según estadísticas de la Dirección de Ética Judicial y Transparencia del Poder Judicial, el pasado año pasado, los juzgados de instrucción y oficinas de Atención Permanente del Distrito Nacional y de los municipios Santo Domingo Este y Oeste aprobaron 12,754 y rechazaron 135, de las 12,889 solicitudes de interceptación telefónica que conocieron.
De acuerdo, con el Poder Judicial, de 2017 a 2018 las solicitudes y aprobación de interceptaciones telefónicas se triplicaron. Ambos años suman 18,067 las solicitudes realizadas por el Ministerio Público en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo.
