Santo Domingo, República Dominicana. En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y con el objetivo de reflexionar sobre el impacto de las industrias extractivas y los Derechos Humanos de las poblaciones afectadas, el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), realizaron el encuentro de reflexión “Industrias extractivas y la protección de los Derechos Humanos en República Dominicana”, el cual se llevó a cabo en el Paraninfo de la Facultad.

Las palabras de bienvenida del evento estuvieron a cargo del director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, quien afirmó que no se puede hablar de derechos humanos en el marco de la industria extractiva cuando el Estado dominicano viola la Ley 64-00 de medio ambiente, que en su artículo 117 establece que los municipios donde se realizan explotaciones de recursos naturales no renovables deben recibir el cinco por ciento (5%) de los beneficios netos generados, considerando que “es inaceptable que a la fecha el gobierno dominicano no aplique de manera uniforme la disposición de la Ley”.

El encuentro contó con la participación de expertos nacionales e internacionales, entre ellos el abogado y coordinador del programa Derechos Humanos y Recursos Naturales de la Fundación para el Debido Proceso, Daniel Cerqueira, quien habló sobre las experiencias en las industrias extractivas en la región de América Latina; así como con el señor Fernando Peña, coordinador del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas (ODDPP-UASD), el cual hizo un llamado de concientización a vincular y constituir las políticas públicas como garantes de los derechos de las comunidades afectadas por la minería irresponsable.

Durante la actividad, la directora de Género y Familia de la UASD, Virtudes De La Rosa, presentó un estudio realizado en conjunto con la OXFAM, el cual evidencia la falta de representación de las mujeres en los órganos de toma decisión locales y nacionales, lo cual conlleva a que sus necesidades sean desatendidas e ignoradas, “situación que se agrava cuando se toma en cuenta que muchas de estas mujeres pertenecientes a comunidades rurales son cabeza de familias cuya salud se ve afectada por la actividad minera”.

Por su parte, la vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UASD, la Dra. Rosalía Sosa, resaltó que los gobiernos deben velar para que siempre que haya lugar, se efectúen estudios en cooperación con las comunidades afectadas, los cuales deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades de esta industria.

El encuentro también contó con la ponencia del diputado nacional del Frente Amplio, Fidel Santana, quien reflexionó sobre el rol del Congreso Nacional en la protección de las comunidades afectadas por la minería.

En el marco de esta actividad, Participación Ciudadana reiteró la solicitud realizada al Gobierno dominicano, vía el Ministerio de Energía y Minas, para que en el marco de la Conferencia Mundial del EITI, a realizarse el 18 y 19 de junio en Paris, Francia, apoye la iniciativa que varias organizaciones están impulsando para que se incluya dentro de la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI), aspectos que permitan visualizar las políticas implementadas por las empresas y el Estado, que garantizan los derechos de género y medio ambientales, ámbitos de vital importancia en el marco del Estrategia Nacional de Desarrollo.

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