Los patrimonios sin justificación y aquellos que aún a nombre de terceros, estén vinculados a un hecho ilícito, serán objeto de la “Ley sobre Juicios de Extinción de Dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos”, según afirmó el senador Adriano Sánchez Roa, al aprobarse hoy este proyecto en segunda lectura en el Senado.
La iniciativa de la autoría de los senadores Sánchez Roa, Charlie Mariotti, Julio César Valentín y Luis René Canaán motiva en el considerando noveno que “la recuperación de bienes ilícitos constituye un mecanismo de generación de ingresos para financiar la prevención y lucha contra la delincuencia”, así como para el desarrollo.
“Este proyecto de extinción de dominio establece un equilibrio entre la eficiencia en la persecución de bienes ilícitos, suprimiendo los derechos de propiedad basados en ilícitos, y la salvaguarda de los derechos y garantías que el Estado debe asegurar a todos sus ciudadanos”, dijo Sánchez Roa.
El senador por Elías Piña agregó que se crearán tribunales de extinción de dominio, a fin de que el Estado pueda recuperar las propiedades originadas o vinculadas a la violación a las leyes penales; también las utilizadas o que guarden algún vínculo con actividades delictivas.
El proyecto de Ley sobre Juicios de Extinción de Dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos, que consta de 105 artículos, obliga a dar informaciones bancarias al juez, se abre a la cooperación internacional y homologa sentencias extranjeras, siempre que no entren en contradicción con la Constitución y las leyes dominicanas.
La Extinción de Dominio se aplicará a bienes transformados o convertidos otros bienes; igual que los ilícitos mezclados con aquellos adquiridos lícitamente, según el proyecto, que fue objeto de un sinnúmero de debates por diversos sectores de la sociedad y estudiado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, que dirige el senador Arístides Victoria Yeb.
Obligación de denunciar:
Sánchez Roa, Mariotti, Valentín y Canaán explicaron que el atendiendo al artículo 96, los funcionarios o servidores públicos que incumplieren con la obligación de denunciar, establecida por el artículo 19 serán castigados con las penas de dos a tres años de prisión y multa de siete a nueve salarios del funcionario o servidor público que resultare culpable.
La pieza legislativa en el artículo primero explica que “La presente ley tiene por objeto reglamentar el procedimiento para los juicios de extinción de dominio, previstos en el párrafo 6 del artículo 51 de la Constitución de la República Dominicana, mediante el cual se pronuncia el decomiso civil de bienes ilícitos y de procedencia ilícita”.
