Punta Cana: refugio de los ‘boliburgueses’ y de los hambrientos de Nicolás Maduro

¿Quién está en Punta Cana? ¿Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro? ¿Otros altos cargos del régimen bolivariano, entre ellos muchos ‘boliburgueses’, es decir, los empresarios que ayudan al Gobierno de Maduro a eludir las sanciones internacionales y, de paso, a enriquecerse? ¿O son sólo una parte de los exiliados venezolanos que han huido del hambre en su país y malviven como inmigrantes indocumentados o hasta vendiendo arepas -tortas- en la calle?

En realidad, son ambos. Evidentemente, en la capital turística de República Dominicana sólo se ve a los segundos. Su número se ha multiplicado a medida que la economía venezolana se ha ido colapsando. En 2012, eran unos 3.400 en todo el país.

Ahora, pasan de 40.000. Llegan con visados de turista y nunca se van. Y viven de vender cosas en las puertas de los supermercados, en los semáforos, y de hacer los trabajos que les van saliendo. También abundan en los restaurantes, tanto en las cocinas como en los trabajos de cara al público, en el servicio doméstico.

Informa el diario Español El Mundo que la laxitud dominicana a la hora de exigir papeles para dar un puesto de trabajo les ayuda a encontrar vías de supervivencia. Los dominicanos también dicen que algunos de ellos participan en otras actividades, como la prostitución, que es legal en ese país.

Así, los inmigrantes de habitantes del país con más petróleo del mundo -Venezuela- pugnan, así pues, con los del país más pobre de América -Haití- por los trabajos peor pagados en República Dominicana.

Los venezolanos tienen fama de ser trabajadores y de no causar problemas, y son vistos con muchas más simpatías que los haitianos, con quienes los dominicanos han tenido una relación históricamente muy complicada. El hecho de que racialmente venezolanos y dominicanos se parezcan hace difícil que «la camiona» -el nombre del vehículo de las autoridades de inmigración- los identifique. Los haitianos, que son mucho más oscuros, no tienen esa suerte.

En línea recta, Punta Cana está tan lejos de Caracas como Huelva de Gerona. Así que los dos extremos de la inmigración -los ‘boliburgueses’ y los desesperados- coexisten. Pero sin mezclarse. Los primeros viven tras mansiones con muros de cinco metros de alto en urbanizaciones de acceso restringido a cuya puerta los exiliados venden lo que pueden.

UNA EXCLUSIVA MANSIÓN
Nadie sabe con exactitud ni cuántos refugiados ni cuántos ‘financiadores’ o altos cargos del régimen de Maduro hay. Todo son rumores. Hace dos semanas, el periodista y escritor peruano-estadounidense Jaime Bayly declaró, apoyándose en varios medios de comunicación de América Latina, que en Punta Cana está la propia esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, que residiría desde el 30 de abril pasado -día del golpe frustrado contra su esposo- en Villa La Caracola, una mansión de 3.000 metros cuadrados valorada en 18 millones de dólares (16 millones de euros), con vecinos de la talla de la ex estrella del golf Jack Nicklaus, y con visitantes de la de Eric Trump, el hijo del presidente de EEUU, que en 2017 viajó a Cap Cana -a apenas un kilómetro y medio en línea recta de la mansión- para explorar la posibilidad de construir allí 17 rascacielos de 20 pisos. El proyecto parece paralizado, entre otras cosas porque las ordenanzas municipales prohíben la edificación de bloques de más de cuatro metros de altura para proteger el paisaje.

Nadie ha concedido credibilidad a la idea de que Flores esté en Villa Caracola. Pero eso no quita interés a la mansión. Su dueño es la epítome del ‘boliburgués’: el multimillonario venezolano Samark López Bello, amigo personal del ex vicepresidente y actual ministro de Industrias y Producción Nacional venezolano, Tarek El Aissami, un autoproclamado «chavista radical» que llegó a sonar como sucesor de Hugo Chávez, hasta que, según algunas fuentes, los cubanos decidieron que se puesto fuera a Nicolás Maduro.

Estados Unidos considera a El Aissami uno de los líderes del narcotráfico en Venezuela, y hace dos meses subió el tono de su cargos al acusarle de violar las sanciones impuestas por el Gobierno de Donald Trump al usar aviones privados registrados en Estados Unidos para salir de Venezuela y viajar a Rusia y Turquía, entre otros países. La persona que se encargó del alquiler de los aparatos y de toda la logística de la operación fue, según EEUU, López Bello.

Así que no es de extrañar que el 12 de mayo, la policía dominicana, en una operación conjunta con las autoridades estadounidenses, entró en Villa Caracola, con la intención de arrestar a López Bello para extraditarlo a Estados Unidos. No lo encontraron, aunque detuvieron a cuatro personas -dos venezolanos y dos colombianos- y se incautaron de 43.000 dólares (38.500 euros) en metálico y tres coches deportivos.

La presencia de López Bello es sólo otro signo de que Punta Cana es, con Miami y Madrid, la capital mundial de la élite venezolana madurista, y uno de los centros de operaciones de la amplia red de empresas y canales financieros creados por el chavismo para eludir las sanciones internacionales. Pocos han logrado, sin embargo, el grado de virtuosismo de Danilo Diazgranados, que vivió durante al menos una década en el exclusivo barrio de La Romana, en Santo Domingo, la capital del país.

El caso de este banquero es digno de estudio. Diazgranados no sólo ha logrado rentabilizar sus excelentes conexiones con el chavismo, que fueron conseguidos, en parte, gracias a que dos de sus socios, Ramiro Helmeyer y Álex del Nogal, compartieron cárcel con el fallecido líder cuando éste estuvo en la cárcel por golpista, a principios de la década de los noventa. Es que también es socio del ex portavoz de Donald Trump, Anthony Scaramucci. Diazgranados no sólo fue socio de Scaramucci, sino que en 2017 le compró, conjuntamente con la empresa china HNA, su ‘hedge fund’ (un tipo de fondo de inversión que no está regulado) por 180 millones de dólares (161 millones de euros), según la agencia de noticias financieras ‘Bloomberg’.