El conglomerado empresarial brasileño Odebrecht, en el centro de un escándalo de corrupción que abarcó una docena de países, introdujo esta semana un pedido de recuperación judicial para negociar deudas de 84.000 millones de reales (USD 21.500 millones), informó la compañía.
Se trata del mayor proceso de recuperación judicial en la historia de Brasil, seguido por el concedido en 2016 a la empresa de telefonía Oi (64.000 millones de reales).
La recuperación judicial tiene por objetivo viabilizar la superación de una situación de crisis económica-financiera del deudor, a fin de mantener el funcionamiento de la empresa y el empleo de sus trabajadores. De acuerdo con la ley brasileña, las empresas declaradas en recuperación judicial tienen seis meses para alcanzar un acuerdo con los acreedores.
El pedido fue formulado por el Consejo de Administración de ODB (holding que controla las diferentes empresas del grupo) ante la justicia de Sao Paulo.
Además de la controladora ODB, el proceso involucra a una veintena de empresas del grupo, pero deja fuera a sus compañías operacionales, entre ellas la constructora OEC (Odebrecht Engenharia y Construçao) y la petroquímica Braskem.
Los mayores acreedores de Odebrecht son los bancos públicos brasileños -Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), Banco do Brasil y Caixa Económica Federal- y también tenedores de bonos.
Creada en 1944 en el estado de Bahia (nordeste) como una constructora civil, Odebrecht SA es actualmente un conglomerado de capital familiar que se forjó al calor de la obra pública.
Desde 2014 se ha visto sacudida por el escándalo de Java Jato, después de admitir el pago de sobornos millonarios en varios países de la región para obtener contratos.
«El grupo Odebrecht llegó a tener más de 180.000 empleados hace cinco años. Ahora tiene 48.000, a causa de la crisis económica (…), del impacto en su reputación de muchos de los errores cometidos y de la dificultad de muchas de las empresas que colaboran con la justicia para obtener nuevos créditos y contratos», explicó el comunicado, firmado por el director presidente del grupo, Luciano Guidolin.
«Tanto las empresas operacionales como las auxiliares y la propia ODB mantienen sus actividades normales enfocadas en el objetivo común de garantizar la estabilidad financiera y el crecimiento sostenido», prosigue.
El esquema de corrupción de Odebrecht trascendió las fronteras y provocó crisis políticas en varios países. En Perú, tres expresidentes están bajo investigación y otro, Alan García, se suicidó en abril al ser detenido como presunto beneficiario de coimas en la construcción del metro de Lima.
Odebrecht fue condenada a pagar diversas multas, incluyendo una de 2.600 millones de dólares a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza.
– Frenar la ejecución de deudas –
El pedido de recuperación judicial fue precipitado por la suspensión de la venta de su participación en Braskem -petroquímica controlada en conjunto con Petrobras- a la holandesa LyondellBasell. También influyó el pedido de recuperación judicial a fines de mayo de la subsidiaria Atvos, empresa azucarera y segunda mayor productora de etanol de Brasil.
Estas dificultades llevaron a que el banco Caixa Económica Federal ejecutara dos deudas atrasadas, contraídas por Odebrecht en préstamos para la construcción del Arena Corinthians, en Sao Paulo, y el Centro Administrativo de Brasilia, en el Distrito Federal.
El pedido de protección judicial apunta explícitamente a frenar esas ejecuciones de deuda.
«Frente al vencimiento de varias deudas, de hechos imprevisibles y de recuentes ataques contra los activos de las empresas, la administración de ODB (…) llegó a la conclusión de que la recuperación judicial es la medida más adecuada para posibilitar la conclusión exitosa del proceso de reestructuración financiera de forma coordinada, segura, transparente y organizada», subraya el comunicado de Odebrecht.
