París, Francia. Los diputados franceses aprobaron el martes con amplia mayoría un proyecto de ley contra los mensajes de odio en línea, que obliga a las grandes plataformas a retirar los contenidos de este tipo en un plazo de 24 horas, bajo pena de multa.
Tras un examen en primera lectura, la Asamblea Nacional, la cámara baja del Parlamento, aprobó este texto, inspirado en una ley alemana adoptada en 2018, por 434 votos a favor, 33 en contra y 69 abstenciones.
El texto debe pasar por el Senado, la cámara alta del Parlamento, antes de ser aprobado definitivamente.
El proyecto de ley fue presentado por Laetitia Avia, una diputada negra del partido del presidente Emmanuel Macron, que afirma recibir regularmente mensajes racistas y amenazas de muerte en las redes sociales.
Si es adoptada, esta ley obligará a las plataformas de internet a retirar en un plazo de 24 horas los contenidos «manifiestamente» ilícitos, bajo la amenaza de una multa de hasta 1,25 millones de euros.
En la mira de este texto están los contenidos que inciten al odio, a la violencia, a la discriminación, los insultos racistas o religiosos. También figuran en la lista los mensajes, videos o imágenes que inciten al terrorismo o lo enaltezcan, así como aquellos que arremetan contra la dignidad humana.
El proyecto de ley prevé también que las principales plataformas como Facebook, Twitter, Instagram o YouTube creen un botón que sea «accesible, simple y claro» para denunciar los mensajes que planteen problema.
«Tenemos una obligación de resultado, ya que la primera misión del Estado es ser capaz de proteger a sus ciudadanos, en línea o no», declaró el Secretario de Estado encargado de la Tecnología Digital, Cédric O.
Casi todos los diputados de la mayoría presidencial se pronunciaron a favor del texto. Una pequeña minoría se abstuvo.
No obstante, según algunos diputados de la oposición, este ley otorgaría demasiado poder a las plataformas al convertirlas en árbitros de la libertad de expresión en línea.
Pero Cédric O prometió la creación de un grupo de trabajo compuesto por las plataformas, miembros de la sociedad civil y magistrados para «dar indicaciones» sobre la clasificación de los contenidos problemáticos.
