Santo Domingo. El dirigente perredeista Guido Gómez Mazara solicitó a la Dirección de Ética Gubernamental (DIGEIG), a través de su titular Lidio Cadet, toda la información sobre las compañías de seguros beneficiadas del contrato de póliza “Todo Riesgo de Construcción” utilizadas en la planta Punta Catalina.

Gómez Mazara señaló que hubo irregularidades en el mecanismo de asignación del contrato a dos compañías de seguros porque su participación y beneficios obtenidos no fueron el resultado de un proceso legal y transparente que caracteriza la participación del sector seguro en sus relaciones con instituciones oficiales.

Para el abogado y profesor universitario, resulta escandaloso que siendo la compañía de seguros BanReservas el ente institucional para cubrir los riesgos derivados del proceso de construcción de la planta termoeléctrica se “seleccionara” a un tercero que, sin participar en un proceso de licitación como establece la ley, consiguiera la cobertura de una operación que alcanza el monto de una póliza en capacidad de cubrir los 1,495 millones de dólares con ventajas económicas de una comisión estimada sobre el millón de dólares.

«De ahí, la necesidad de que órgano institucional encargado de Ética Gubernamental emita su opinión al respecto de la asignación a dos compañías de seguros sin intervenir un proceso de licitación», precisó.

Señaló que ambas compañías de seguros fueron agraciadas en un procedimiento sospechoso e innecesario porque si bien es cierto que la empresa reaseguradora Hanover Re posee las capacidades de cobertura internacional, bastaba simplemente con que Banreservas operara desde el punto de vista de entidad local sin delegarle una facultad que le era propia, apegada a las normas legales y sin necesidad de asociar a dos compañías de intermediarias de la millonaria operación.

En una nota del periódico Acento.com.do Gómez Mazara advirtió que el Decreto 486-12 creando la DEGEIG estableció un marco institucional que junto a la Resolución sobre Buenas Prácticas del 25 de octubre del 2017 tiende a garantizar niveles fundamentales de transparencia, totalmente irrespetados en el proceso de asignación del seguro de “Todo Riesgo de Construcción” en el caso de la planta Punta Catalina, olvidándose que la Dirección de Contrataciones Públicas posee un historial de decisiones respecto de los umbrales a respetar amparados en la ley 340-06 desde agosto del 2006 y la última resolución definida como PNP-01-2019 reitera la obligatoriedad de licitar las operaciones donde intervengan fondos públicos.

Recordó que el artículo 262 y siguientes del Código Penal habilitan a toda persona que conozca de un hecho ilegal puede ponerlo en conocimiento de las autoridades y que la ley 821 en su artículo 57 establece que es el Ministerio Público el llamado a perseguir las infracciones por lo que exhortó a las autoridades de la Dirección de Ética Gubernamental a servir de primer escalón investigativo de una transacción nebulosa capaz de beneficiar dos compañías que técnicamente no deberían estar vinculadas a la operación.