CHAGUARAMAS, Trinidad y Tobago.- La joven de 16 años se escapó de su casa, sin decirle a su madre. Se marchó con unos hombres que le prometieron trabajo y comida. Pero, en vez de eso, la sacaron ilegalmente de Venezuela por mar y planeaban obligarla a trabajar en un prostíbulo en Trinidad.
Yoskeili Zurita se sentó, junto a decenas de otras mujeres, en un barco pesquero que arrancó a toda velocidad. Su prima también iba en ese viaje. Sin embargo, el esquife sobrecargado comenzó a inundarse y una ola repentina hizo que se volcara.
“Mi prima no sabía nadar. Me miró y me dijo: ‘No puedo hacerlo’”, recordó Yoskeili, quien pasó dos días aferrándose a la cubierta del bote en el estrecho entre Trinidad y Venezuela antes de que un grupo de pescadores la encontrara. Jamás volvió a ver a su prima.
La embarcación se hundió con 38 pasajeros a fines de abril. Sólo nueve personas sobrevivieron, entre ellas Yoskeili y otras mujeres que las autoridades dicen que fueron víctimas de una red de tráfico de personas.
Aunque los venezolanos se han acostumbrado a las devastaciones de un Estado fallido teniendo que sobrevivir a la hambruna, la hiperinflación y la delincuencia desenfrenada, esta tragedia impactó a la opinión pública.
Tan sólo en los últimos cuatro años, más de cuatro millones de personas han salido del país, según los cálculos de la ONU.
Mientras las mujeres en la embarcación de Yoskeili luchaban para sobrevivir, su Estado no respondió a la emergencia. Al día siguiente del naufragio, el gobierno les dijo a los familiares que ni siquiera tenía suficiente combustible para realizar una operación de rescate. Un helicóptero gubernamental llegó con cuatro días de retraso.
En mayo pasado, la tragedia se repitió: otro barco se hundió en las olas con 33 pasajeros a bordo.
Yoskeili recuerda el golpe de las olas, las mujeres que no podían nadar y se quitaban la ropa con la desesperada idea de que eso les ayudaría a mantenerse a flote.
En otra parte de la ciudad, Héctor Torres, quien había caído en la pobreza tras perder su trabajo en una fábrica de refrescos, reclutaba a adolescentes para su operación de tráfico hacia la isla.
Yoskeili dijo que un contrabandista llamado Nano se acercó a hablar con ella. Le dio muy poco tiempo para decidir, pues el bote se iba la noche siguiente, y Nano —que después fue identificado por los fiscales venezolanos como Dayson Alexander Alleyne, un joven de 28 años que ha sido arrestado por tráfico de personas— le prometió que habría mucha comida al final del viaje.
A las 19:00 horas, Nano llegó en un auto, subió a Yoskeili a empujones y se dirigió a toda velocidad a un hotel donde la metió en una habitación con otras chicas, según narró Yoskeili.
En Trinidad, el propietario de un bar en la capital, Puerto España, se enteró de que las mujeres nunca llegaron a la costa.
Les había pagado 300 dólares a los contrabandistas para que llevaran a una de las mujeres a su bar, dijo. También le había pagado un soborno a la Guardia Costera de Trinidad para que no detuvieran el bote, explicó.
Sin embargo, nadie apareció esa noche, mencionó el dueño del bar, quien pidió que no se revelara su nombre para poder hablar de los detalles del crimen.
Dos días después del naufragio, Yoskeili logró escuchar el ruido de un motor en el agua. Un bote de rescate llegó y la sacó.
Para Omar Velásquez, cuya hija de 15 años, Omarlys, también estaba en el bote, no hubo una reunión en el hospital, sólo el dolor de que ella nunca le dijo por qué se fue, y de que jamás volvió a aparecer.
Carlos Valero, un diputado de la Asamblea Nacional que es controlada por la oposición, señala los arrestos de los dos guardias nacionales como evidencia de que los funcionarios del gobierno estuvieron involucrados en la red de contrabando.
Valero ha enfocado su atención en Trinidad, donde dice que ha recabado pruebas de que “la Guardia Costera y los funcionarios de inmigración recibieron sobornos de unos 100 dólares por cada mujer” de la embarcación para que las dejaran pasar.
