Un productor agrícola y dueño de una factoría de arroz en el municipio de Castañuelas, en Montecristi, denunció que entre los años 2015 y 2016, la renunciante fiscalizadora Carmen Lisset Núñez le allanó una finca tres veces sin contar con una orden de un juez.
Jamil Cortés informó a Diario Libre que por esa acción ilegal e irregular presentó una querella contra Núñez y la procuradora regional de la Corte de Apelación, Johanna Bejarán, por ante un juez de apellido Montilla, quien luego falleció.
“Nunca me entregaron el resultado de la investigación que abrieron a pesar de que me presenté varias veces al Palacio de Justicia”, subrayó Cortés.
Indicó que la fiscalizadora buscaba en su finca semillas para siembra de arroz ya que, según ella, se habrían comprado violando una disposición de la Junta Agroempresarial.
“Ella entró con un aparataje de agentes policiales buscando dizque semillas ilegales, y lo hizo sin órdenes judiciales”, puntualizó.
Cortés.
Dijo que aunque no le exigieron dinero, se comentaba que la fiscalizadora actuaba de esa manera por algún beneficio que recibiría de algunas compañías comercializadoras de las semillas.
Piden revisar casos de 80 jóvenes
Mientras que varios dirigentes comunitarios del municipio de Villa Vásquez exigieron a la Procuraduría General de la República autorizar la revisión de decenas de casos de drogas que mantienen en las cárceles al menos 80 jóvenes tanto aquí como en Montecristi.
José Luis Vargas, presidente de la Junta de Vecinos, declaró que muchos ciudadanos están presos sin justificaciones, ya que fueron víctimas de abuso de poder por parte de Núñez y de agentes de la DNCD.
Persio Alvarez dijo que más del 90 por ciento de los casos de drogas deben confirmarse, ya que eran manipulados tanto por los fiscalizadores como por los agentes policiales.
Maritza Peña y Wanda Nova Ortega declararon que el asunto de ponerle droga a los detenidos es una vieja práctica aquí y en otros lugares del país.
Recordaron que el dirigente popular Juan Comprés fue víctima de esa acción en Moca hace varios meses.
Tras divulgarse el video del allanamiento en la barbería el Maná se sigue reclamando la eliminación de los puntos de drogas que funcionan en diferentes sectores urbanos y rurales.
