Personal de la fiscalía y del ejército de México inició s excavaciones en una localidad sureña en busca de indicios que esclarezcan el paradero de 43 estudiantes desaparecidos hace cinco años, en un caso que estremeció a la sociedad mexicana.
Un vocero de los familiares informó que los trabajos tienen lugar en el basurero de Tepecoacuilco, en el estado de Guerrero (sur), a unos 15 km de Iguala, ciudad donde los jóvenes desparecieron el 26 de septiembre de 2014, presuntamente a manos de narcotraficantes coludidos con policías.
Agentes de la fiscalía llegaron desde el domingo y el lunes llevaron a cabo un recorrido por el basurero.
Con apoyo de dos retroexcavadoras y camiones de volteo, los militares empezaron a trabajar este martes en dos puntos de la zona, donde además acamparon y acordonaron el área, detalló el vocero Felipe de la Cruz.
La búsqueda forma parte de una nueva investigación impulsada por la Comisión de la Verdad para el llamado caso Ayotzinapa, establecida en enero por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
«Hasta el momento no se nos ha informado de los resultados, sólo tenemos conocimiento de que el lugar quedó resguardado por elementos del ejército», agregó De la Cruz.
Afirmó que esta es una nueva etapa de la investigación que el gobierno empezó en 2014 pero cuyo resultado, conocido como «la verdad histórica», es rechazado por los padres y fue duramente cuestionado por un grupo internacional de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que intervino a pedido de las familias y con la anuencia del estado mexicano.
Según la hipótesis de la fiscalía del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los estudiantes fueron detenidos por la policía creyendo que eran miembros de un grupo de narcotraficantes rival de la banda Guerreros Unidos.
Los policías los entregaron a sicarios de esta organización quienes los asesinaron, para luego incinerar los cuerpos en un basurero en Cocula -a unos 36 km de las nuevas excavaciones-, y arrojar las cenizas a un río, según aquella versión, presentada a inicios de 2015.
Familiares denunciaron serias negligencias en esa investigación, como la obtención de testimonios mediante tortura y la alteración de escenas del crimen. Debido a ello, se ha liberado a más de 70 inculpados, incluido un presunto «autor material» de las desapariciones.
Las denuncias impulsaron a López Obrador a crear la comisión que busca zanjar definitivamente el caso.
«Tenemos certeza de que pronto sabremos del paradero de los jóvenes», añadió De la Cruz.
Informó que el primer informe de la nueva investigación será presentado a las familias en noviembre por López Obrador y en diciembre por el fiscal especial del caso.
