En el país no acabamos de aprender la dolorosa lección que dejan estos feminicidios, convertidos en una especie de pandemia social que no cesa y que hay que enfrentar con mayor eficiencia.

No transcurre una semana sin que uno de estos episodios deje de estremecer a una familia.

Lo más penoso, además del balance trágico y de los niños que quedan en la orfandad, es que en muchos casos habían dado señales, o sea que pudieron ser evitados.

Así lo indican los antecedentes del más reciente feminicidio ocurrido en San Pedro de Macorís, del cual fue víctima una joven madre de 4 hijos.

Este caso es muy similar al de Anabel hace dos meses, que también le costó la vida poco después de que su ex pareja saliera de la cárcel.

Ahora la fiscal suspendida por ese caso, es apresada por esta Segunda tragedia.

Me pregunto, ¿no indagaron las autoridades que investigaban el caso de Anabel sobre todos los otros acuerdos que pudieran estar vinculados a esta representante del ministerio público para poder evitar más muertes?

¿Hay jefes por encima de esta fiscal que pudiera estar vinculados?

¿Quién está velando para que se cumplan los protocolos diseñados por la Procuraduría que prohíben dichos acuerdos entre agresores y víctimas con la anuencia de las autoridades?

¿Quién vela por que el hombre que debe pasar por un programa conductual lo cumpla, y no cuando sale sino cuando está preso?

Abramos los ojos, despertemos, estos arreglos, a pesar de la peligrosidad latente, indican que no hubo debido seguimiento.

Mientras persista este estado de cosas, de poco valdrá seguir afirmando, ni una más, porque no pasará de ser una voz que clama inútilmente en el desierto.

Vía: SIN