El abogado Namphi Rodríguez demandó del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 explicar bajo qué normativa usa indiscriminadamente cámaras de vigilancia chinas de escaneo y reconocimiento facial en espacios públicos para espiar a ciudadanos sin orden judicial previa.
Rodríguez, catedrático de Derecho Constitucional y presidente de la Fundación Prensa y Derecho, dijo que cuando esa tecnología se aplica con fines policiales sin ninguna reglamentación resulta desproporcionada frente a derechos como la intimidad personal, la no discriminación, la presunción de inocencia, el debido proceso y las libertades de expresión, reunión y asociación.
“Las cámaras inteligentes de reconocimiento facial o “cibervigilancia”, usadas sin orden de juez y sin causa probable de que una persona haya cometido un delito, degeneran en espionaje generalizado del Estado y en una práctica de desviación de poder que pone en riesgo a dirigentes políticos, religiosos, sindicalistas y ciudadanos”, alertó.
Al comparecer al programa Cuentas Claras con José P. Monegro, Luis García y Hugo López Morrobel, Rodríguez señaló que de esa forma los organismos de seguridad y el Gobierno pueden identificar en tiempo real quiénes participan en reuniones, protestas o lugares de esparcimiento.
“Los rostros que se captan de forma biométrica en espacios públicos, centros de diversión, universidades o reuniones pueden ser direccionados a bases de datos de los organismos de seguridad para dar seguimiento a las personas aunque no tengan expedientes penales abiertos”, adujo.
La reacción del jurista se produjo luego que el senador norteamericano Marcos Rubio denunciara que el gobierno dominicano está adquiriendo tecnología china de “cibervigilancia” para ser emplazadas en lugares públicos.
Rodríguez reivindicó los derechos de los ciudadanos que no tienen sospechas probables por la comisión de delitos de participar en los espacios públicos sin ser identificados por los organismos de seguridad del Estado.
“La utilización de este tipo de cámaras requiere de una normativa que delimite los espacios y las circunstancias en que se usarán y aún en los espacios privados, los propietarios de establecimientos que las usen deben informar en un lugar visible sobre el asunto para que los ciudadanos decidan si concurren o no a ese lugar”, añadió.
En ese sentido, dijo que la diferencia entre las cámaras de vigilancia y las de reconocimiento facial es que estas últimas no sólo registran qué pasa en un lugar, sino también quiénes están en el terreno.
Subrayó que ese tipo de vigilancia policial se usa en países autoritario como China, donde esas cámaras biométricas sirven para espiar a dirigentes políticos, periodistas y reprimir la oposición.
“El uso de esa tecnología para reprimir la delincuencia es controversial, porque si no está apoyada en una normativa compatible con la Constitución y las leyes, los datos que se recaban no son admisibles en los juicios penales”, agregó.
