San Cristóbal. Las Juntas de Vecinos del municipio de Haina pidieron a Medio Ambiente que publique los nombres de la empresa y los técnicos del Centro Regional del Convenio de Basilea para El Caribe que realizarían una auditoría ambiental a la planta de reciclaje de baterías Verde Ecoreciclaje Industrial (VERI) el 14 y 15 de octubre, que debió estar cerrada por contaminar como lo dispuso una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ordenó el cierre.
Mediante un comunicado de prensa, el presidente de la Coordinadora de Juntas de Vecinos del Municipio de Haina, Fausto Senford, afirmó que el Ministro de Medio Ambiente, Ángel Estévez, remitió una carta a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente de San Cristóbal informándole sobre dicha inspección el pasado 31 de octubre, pero no se ha divulgado ninguna información del proceso ni los resultados.
Los comunitarios de Haina tienen dos años denunciando la contaminación de aire y suelo que alegadamente produce la planta de reciclaje de baterías Verde Ecoreciclaje Industrial (VERI), basados en un estudio ambiental que realizó la empresa especializada MIRSA y que arrojó valores de contaminación por plomo en aire y suelo que exceden en 2,533% y 3,272% los límites permitidos por las normas ambientales.
“Nosotros tenemos derecho a saber si se llevó a cabo esta inspección, cuál empresa se contrató y los técnicos del Centro Regional del Convenio de Basilea que estuvieron presentes, para que quede garantizada la transparencia y sea un proceso confiable” sostuvo Senford.
El pasado 12 julio fueron favorecidos con una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordenó al Ministerio de Medio Ambiente el cierre provisional de la recicladora de baterías hasta tanto adecúe sus instalaciones y procesos para que no sean nocivos a la salud. La autoridad medioambiental aún no ejecuta dicha sentencia.
Explicó que han acudido al Ministerio de Salud Pública, la Cámara de Diputados, la Defensoría del Pueblo y la Presidencia de la República, pero no han obtenido respuesta a sus reclamos.
El presidente de la Coordinadora de Juntas de Vecinos del Municipio de Haina saludó la iniciativa del Defensor del Pueblo, de solicitar información al Ministro de Medio Ambiente pero deploró que la respuesta se centre en realizar investigaciones luego de que ya existe una orden de cierre del TSA.
“El Ministerio de Medio Ambiente está atentando contra el Estado de Derecho, al dilatar la ejecución de una orden del tribunal, que por ley debe ser inmediata, sentando un precedente peligroso en la lucha de los ciudadanos de escasos recursos para que se garanticen sus derechos y favoreciendo los intereses económicos por encima de la salud humana” afirmó.
