Ocho grandes ciudades europeas pidieron el viernes a la Unión Europea que revisara de forma «urgente» las normas sobre alquileres a corto plazo, tras una sentencia de la justicia europea a favor de Airbnb.
En una declaración conjunta, París, Barcelona, Burdeos, Ámsterdam, Viena, Bruselas, Berlín y Múnich hicieron un llamamiento a la Comisión Europea pidiéndole que proponga «una nueva directiva sobre el comercio electrónico destinada a garantizar un desarrollo más equilibrado de los alquileres amueblados turísticos».
El llamamiento se produce tras una sentencia de la Corte Europea de Justicia que otorgó una victoria a Airbnb, sobre una organización francesa de propietarios de hoteles.
Estos le acusaban de violar las normas francesas aplicables a los agentes inmobiliarios (la ley Hoguet) que deben proporcionar una garantía financiera y poseer una tarjeta profesional.
Pero la corte dictaminó que no se podía obligar al gigante estadounidense a cumplir con estas normas.
Las ciudades signatarias, que hicieron hincapié en la crisis de la vivienda que afecta a cada vez más ciudades del mundo, expresaron su preocupación por «el aumento del alquiler de alojamientos turísticos amueblados a través de las plataformas digitales» que «sustrae del mercado de alquiler unidades enteras de vivienda para los residentes de la ciudad».
«Esto resulta en una escasez de viviendas asequibles ya que los precios tienden a subir cuando la demanda de vivienda aumenta y las reservas de viviendas caen», señalan.
«Para los gobiernos municipales que representamos, la negativa de la mayoría de las plataformas digitales a compartir datos relevantes sobre alquileres es un obstáculo importante», denuncian asimismo.
Sin estos datos, es casi imposible hacer cumplir las regulaciones existentes en temas como el número máximo de días de alquiler, los impuestos turísticos o las normas de seguridad», dicen.
