Amaury Mo 
SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, considera que la existencia de una pandemia que pone en grave riesgo la salud y la vida de la población dominicana genera un peligro inminente cuyo impacto podría sobrepasar la capacidad regular de respuesta del Gobierno y con ello del servicio público en materia sanitaria.
En ese sentido, el vicepresidente ejecutivo de FINJUS, considera oportuno dicho estado de excepción, a fin de que el Gobierno pueda adoptar las medidas adecuadas para contrarrestar el avance del coronavirus y evitar la propagación masiva de éste.
Opina que debe ponderarse dentro de las diversas medidas para frenar el aumento exponencial del contagio del virus la cuarentena, restricciones a reuniones masivas, entre otras restrictiva de libertades.
Explica el doctor Castaños Guzmán que “emitida la autorización del Congreso Nacional, el presidente de la República extenderá un decreto en un plazo no mayor de cinco días, en el que declare el estado de excepción; en caso de no hacerlo dentro de este plazo, se requerirá de nuevo la autorización del Congreso Nacional, previamente motivada”.
Aprobada la resolución aprobatoria, en lo inmediato, se integra una comisión bicameral de conformidad con sus reglamentos internos, que se encargará del seguimiento de las actuaciones y medidas tomadas durante el período de duración del estado de excepción de que se trate.
Explica FINJUS, con relación a esto, en la solicitud de declaratoria de estado de emergencia participada en el día de hoy al Congreso Nacional por el presidente de la República se señalan como únicos derechos a, eventualmente, poderse restringir los siguientes: libertad de tránsito, de asociación y de reunión, de conformidad con los literales h) y j) del numeral 6 del artículo 266 de la Constitución y los numerales 8 y 9 del artículo 11 de la Ley 21-18. Estos derechos estarían limitándose en base a la guía que proponen las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la práctica internacional que actualmente se efectúa para prevenir la propagación del COVID-19 mediante la aglomeración de personas.
La referida solicitud puntualiza de manera expresa que ningún otro derecho de los enunciados en el numeral 6 del artículo 266 constitucional y en el artículo l l de la Ley 21- 18 serán objeto de restricción.
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José Peguero 
Ensegundos.do 
