Los Angeles, Estados Unidos. James no puede darse el lujo de una cuarentena: perdió su empleo como mesero en un restaurante de Los Ángeles y está a dos semanas de quedarse sin dinero para la renta y comer.
Los programas de ayuda social impulsados por el gobierno estadounidense para enfrentar la crisis económica causada por la COVID-19 no son una opción para este colombiano de 30 años, que no tiene permiso legal para trabajar.
James no es su nombre de hecho, es el que aparece en su seguro social falso con el que, como muchos indocumentados, consigue trabajos que pagan poco y por hora.
«Tengo que buscar una forma para por lo menos cubrir renta y comida, y con esta situación, conseguir un trabajo es complicado», dijo a la AFP este hombre, que ganaba 400 dólares semanales, «lo necesario» para vivir.
Los indocumentados en Estados Unidos han vivido siempre bajo un estado de gran zozobra, sobre todo desde la llegada al poder del presidente Donald Trump, quien hizo bandera de su gobierno la lucha contra la inmigración ilegal.
Y ahora se suma la pandemia, que ha matado en Estados Unidos a 150 personas de 10.442 casos reportados, y ya anuncia catastróficos efectos en la economía.
– Miedo a Trump –
¿Puedo ir al hospital sin seguro? ¿Corro peligro de deportación? ¿Si uso los servicios del gobierno puede perjudicar una aplicación futura a residencia?
Fueron algunas de las muchas preguntas que recibió Luz Gallegos, de la organización proinmigrantes TODEC, cuando hicieron una clínica legal en Perris, una comunidad rural al norte de Los Ángeles, el fin de semana pasado.
«La COVID-19 es un estrés adicional para la comunidad», indicó Gallegos. «Es una comunidad que no confía en el gobierno».
En TODEC el mensaje es «la salud primero», pero eso no calma el estrés.
La principal preocupación, explicó Gallegos, es la nueva regla migratoria de la «carga pública», que toma en consideración aspectos como el estado de salud para otorgar una visa o una residencia permanente.
La oficina de inmigración de Estados Unidos ha dicho que los inmigrantes que se sometan a pruebas médicas para detectar el coronavirus o que reciban tratamiento por la enfermedad no serán penalizados al solicitar la naturalización o cualquier otro beneficio migratorio bajo el nuevo protocolo.
La policía migratoria ICE también anunció que suspendería «temporalmente» por la crisis los arrestos y expulsiones de inmigrantes indocumentados.
Y en California, por ley, los uniformados estadales cooperan poco con los entes federales en los arrestos y deportaciones de indocumentados.
«Pero aún así hay miedo e inseguridad porque el gobierno Trump cambia constantemente cómo aplicará la política», indicó Gallegos a la AFP.
– «Volver a empezar» –
Estados Unidos adoptó un plan de ayuda social de unos 100.000 millones de dólares destinado a los trabajadores directamente afectados por las consecuencias del coronavirus, que prevé licencias pagadas para los empleados que caigan enfermos y un acceso más fácil al seguro de desempleo y los bonos alimentarios.
Pero para los 11 millones de indocumentados, la mayoría latinos, esos beneficios parecen inalcanzables.
«Cuando nos notificaron que no había más trabajo nos enviaron un link para aplicar a la ayuda del gobierno» de California, recordó James. «Pero leí que es para ciudadanos o para quienes tenga su seguro social completamente legal».
De las 15 personas que trabajaban en el restaurante japonés con James, la mitad no tiene papeles.
«Pienso que la situación se pondrá más difícil en unos 15 días, un mes, cuando no te alcance para la renta, las obligaciones», indicó el joven, que paga 580 dólares por una habitación.
Su opción inmediata es ponerse a trabajar de repartidor de comida con un carro viejo que pudo comprar hace dos semanas, antes de que se destapara la crisis.
«Después de dos años en este país estaba en un punto que sentía que estaba despegando, organizándome y viene esto del coronavirus», lamentó. «Me toca casi que volver a empezar».
