La líder opositora peruana Keiko Fujimori, en prisión por el escándalo de Odebrecht, pidió el lunes a las autoridades que excarcelen a su octogenario padre, el expresidente Alberto Fujimori, ante el riesgo de que contraiga el coronavirus.
«Por este motivo, no solo pido se interponga un hábeas corpus en favor de mi padre, sino que las autoridades evalúen toda alternativa legal que le permita dejar la prisión en la que se encuentra», escribió la primogénita de Fujimori en un mensaje difundido en las redes sociales.
Keiko justificó su reclamo alegando que su padre, de 81 años, «está débil producto de las dolencias crónicas que padece y (por) seguir en contacto con personal que todos los días llega desde la calle» hasta su prisión.
«Es un riesgo muy grande para su vida», enfatizó tras sugerir evaluar la situación de los adultos mayores recluidos en prisión.
Keiko, de 44 años, resaltó que «hay reclusos y personal penitenciario que ha dado positivo (al nuevo coronavirus), y algunos han fallecido».
El expresidente Fujimori (1990-2000) cumple una condena de 25 años en una base policial al este de Lima, donde es el único recluso.
Un tribunal civil lo condenó en 2009 por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en las que murieron 25 personas a manos de un escuadrón de la muerte del ejército. Ambas masacres ocurrieron bajo su gobierno, en el marco de la guerra contra el terrorismo de Sendero Luminoso.
Fujimori padece recurrentemente problemas respiratorios y neurológicos (parálisis facial) e hipertensión.
«Es el único reo que podría cumplir condiciones de distanciamiento social. Tiene la cárcel para él solo y tiene asistencia médica permanente. Esas condiciones, así como los delitos por los que fue condenado, hacen que su situación sea diferente», comentó el analista político Alejandro Godoy en Twitter.
El expresidente de ancestros japoneses gozó de un breve período de libertad entre fines de 2017 y octubre de 2018, cuando recibió un polémico indulto del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). La justicia se lo revocó y retornó a la misma prisión que ocupaba desde 2007.
Keiko dirigió su pedido desde la cárcel de mujeres de Chorrillos en Lima, donde cumple 15 meses de prisión preventiva como parte de una investigación de la fiscalía por el presunto lavado de activos por aportes ilícitos que habría recibido para las campañas presidenciales de 2011 y 2016 de la constructora brasileña Odebrecht.
En la prisión de Keiko, otras reclusas han denunciado que las medidas de aislamiento entre las presas no se respetan y que no existen protocolos sanitarios en el personal penitenciario.
Según el Instituto Penitenciario, la COVID-19 ha dejado un reo muerto y 42 infectados en las hacinadas cárceles peruanas.
También 26 agentes penitenciarios han dado positivo a las pruebas.
