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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) exigió este martes una investigación independiente sobre la actuación de los fiscales que participaron en el apresamiento y persecución judicial contra el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta sobre la base de una falsa acusación, posteriormente dejada sin efecto.
“La sociedad dominicana no puede dejar pasar sin esclarecimiento y sanción un hecho que involucra a las instituciones responsables de garantizar el respeto a la dignidad humana y el cumplimiento de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos”, expresa la entidad.
Al formular el planteamiento, la Comisión de los Derechos Humanos dije tener razones para sospechar que una investigación especial independiente podría revelar el involucramiento estrictamente político del Ministerio Público y la Policía Nacional en un expediente falso.
Entiende la CNDH-RD que los fiscales Joan Alcántara, Milcíades Guzmán, José Guillermo Soriano, Fernando Quezada y Edward López Ulloa no actuaron por voluntad propia.
“También creemos que el involucramiento en la investigación del Director de la Policía Nacional fue producto del acatamiento de órdenes superiores interesadas en dar la mayor visibilidad pública a este caso”, apunta la declaración.
La Comisión de los Derechos Humanos considera que de comprobarse de forma incontrovertible la responsabilidad de los dos altos funcionarios en un hecho de tanta gravedad, debería disponerse de inmediato la destitución del procurador general de la República y del director de la Policía Nacional.
Igualmente propone que se presenten y sustenten las acusaciones disciplinarias en contra de los cinco fiscales actuantes para que sean sancionados conforme a la gravedad de los hechos que se puedan establecer.
De acuerdo a la CNDH-RD, la sociedad dominicana muestra una gran desconfianza y preocupación sobre el interés y compromiso de las autoridades de aplicar los sistemas de consecuencias que las leyes definen sin los criterios de selectividad que impiden erradicar gradualmente las prácticas y conductas contrarias a la ética en la administración pública.
“En el país no tenemos una fortaleza institucional con la capacidad de garantizar seguridad jurídica a los ciudadanos afectados en sus derechos por decisiones y acciones de los organismos públicos”, expresa como justificación de su reclamo.
Sostiene que “nadie cree que el Consejo Superior del Ministerio Público, presidido por el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, funcionario nombrado por el Poder Ejecutivo, decida ejercer control disciplinario sobre los fiscales actuantes en el apresamiento del coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta”.
Acotó que no se puede olvidar que el apresamiento del coronel policial fue sobre la base de una falsa imputación con el propósito de conseguir beneficios electorales al tratar de involucrar al candidato presidencial Luis Abinader en un supuesto sabotaje contra las elecciones municipales del 16 febrero.
José Peguero 
Juan J Calcano 