Tres directivos de la compañía de televisión satelital DirecTV detenidos en Venezuela son acusados por «estafa», entre otros delitos, informó este martes la justicia, después del cese de operaciones de la compañía en el país.
Un tribunal dictó «medida privativa de libertad» contra los exgerentes por presunta «coautoría» en la «comisión de los delitos de estafa agravada», «boicot», «desestabilización de la economía» y «asociación para delinquir», indicó una nota difundida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Según la legislación venezolana, las penas por estafa van de uno a cinco años de prisión.
Héctor Rivero, Carlos Villamizar y Rodolfo Carrano, quienes se entregaron la semana pasada a la justicia, se encuentran detenidos en la sede del servicio de inteligencia venezolano (SEBIN) en Caracas, según su defensa.
La firma estadounidense AT&T, propietaria de DirecTV, tildó de «sorprendente e inexplicable» el arresto de los «exejecutivos», al afirmar que «no estuvieron involucrados en la decisión de cerrar las operaciones de la compañía».
«Esta decisión fue tomada por ejecutivos de AT&T en Estados Unidos, sin el conocimiento o la participación de estas personas o cualquier otro exempleado venezolano», indicó la empresa en un comunicado.
Las órdenes de captura se emitieron casi tres semanas después de que AT&T anunciara el 19 de mayo su retiro «inmediato» del mercado de televisión paga en Venezuela.
La compañía explicó que las sanciones económicas de la administración de Donald Trump contra Venezuela, que buscan asfixiar al presidente socialista Nicolás Maduro, prohíben transmitir las señales de la televisora privada Globovisión y el canal de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA TV.
Sin embargo, añadió AT&T, la trasmisión de ambos canales es requerida por la licencia otorgada por el gobierno de Maduro para proporcionar el servicio de televisión por pago.
Tres días después de la decisión de AT&T, el TSJ, de línea oficialista, ordenó la toma «inmediata» de instalaciones y equipos de la compañía.
Con cerca de 2 millones de suscripciones, según cifras de la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el cese de operaciones afecta a unos 6,5 millones de venezolanos.
