El presidente del Instituto Duartiano, doctor Wilson Gómez Ramírez, deploró este domingo que un grupo de individuos de nacionalidad haitiana bajaron recientemente la bandera dominicana en el paso fronterizo entre Jimaní y Malpasse, e invocaran supuestos derechos territoriales de ese país en el lado de nuestro territorio.
“Esta acción abiertamente provocativa, aunque parece un hecho aislado, se inscribe en la tendencia sistemática de sectores de la vida haitiana que alimentan actitudes hostiles contra la patria de Duarte, afirmó Gómez Ramírez.
Dijo que “como es sabido, en otras oportunidades, soldados dominicanos han perdido la vida, resultados heridos y desarmados por estos grupos que alimentan el odio desde Haití, muchas veces con el estímulo de quienes les cortejan y protegen desde la República Dominicana por medio de Ongs y de individuos comprometidos con esos intereses antidominicanos”.
El también juez del Tribunal Constitucional consideró que las autoridades haitianas siempre se han limitado a meras disculpas y lamentos, sin en ningún caso aplicar sanciones ejemplares contra esas personas que incurren en acciones claramente delictivas, para que tales castigos produzcan un efecto intimidatorio capaz de disuadir conductas futuras en ese orden.
Añadió que “los haitianos que bajaron la enseña tricolor dominicana en tierra dominicana, incurrieron en el delito de ultraje a símbolo nacional, debieron ser apresados por los militares en servicio y presentarlos a las autoridades judiciales; y, en la eventualidad de que escaparan hacia territorio del vecino país, correspondía al gobierno del país vecino aprehenderlos y entregarlos para ser juzgados conforme a la ley número 210-19, sobre Símbolos Patrios, del 12 de julio de 2019.
El doctor Gómez Ramírez indicó que esta ley establece como castigo la pena de uno a tres meses de prisión y multa de cinco a veinte salarios mínimos del sector público, y recordó que la propia autoridad militar dominicana ha sido objeto de reiteradas agresiones por parte antisociales haitianos.
El magistrado rechazó de manera categórica lo que consideró como impropias acciones motorizadas desde Haití, y llamó a las autoridades para que demanden de manera enérgica que este hecho se investigue a fondo y haya sanciones ejemplarizantes, de manera que se advierta el cese de la impunidad que ha predominado en el marco de la autoridad haitiana, la cual nada ha hecho para seriamente evitar que estos vergonzantes e irrespetuosos acontecimientos se sigan repitiendo.
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