Por: Anny Guzmán: Estamos a pocos días del anhelado cambio de gobierno, que regirá a partir del próximo 16 de agosto. Siendo una de las principales esperanzas del pueblo ver tras las rejas a los saqueadores del Estado. Aquellos que, aprovechándose de la oportunidad de administrar el erario, lo desfalcaron de manera inmisericorde.
No obstante, mientras esperamos con ansias la designación del nuevo procurador o procuradora, vemos con preocupación a lobistas de impunidad pasearse de un bando a otro.
Por eso, presidente Abinader, mi llamado es: ¡Los expresidentes sí se tocan!
Cuando me refiero a expresidentes no hablo solo de exmandatarios, sino a toda la estructura tanto gubernamental como empresarial que ha posibilitado desde concesiones y licitaciones ilícitas; institucionalización del soborno; obstrucción de la justicia; legalización tácita de la droga hasta el blanqueo y lavado de capitales provenientes del crimen organizado, entre otros delitos no menos graves.
Vale aclarar que hago alusión a esta “célebre” frase, ya que es el emblema de una cultura subyacente de impunidad intergeneracional, que es urgente desmontar. Y para lograrlo es preciso sentar precedentes, no solo con expresidentes, parte de sus gabinetes gubernamentales o socios empresariales, sino con todo aquel que deshonre la confianza brindada por la nación para administrar el Estado.
Para explicarlo haré un breve mapeo de los expresidentes y exfuncionarios que han sido encausados, enjuiciados y condenados por defraudar al Estado y a la nación a la que se les dio el privilegio de dirigir.
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En Colombia:
Recientemente vimos, muchos con júbilo y otros con asombro, la detención del expresidente y actual senador de Colombia Álvaro Uribe Vélez. Medida ordenada por la Suprema Corte de Justicia colombiana para garantizar su comparecencia al juicio en su contra por el presunto delito de manipulación de testigos.
Esto era impensable, en primer lugar, porque el actual presidente, Iván Duque, ha sido incisivo en su defensa al líder del uribismo (a quien irrefutablemente le debe su triunfo electoral); en segundo lugar, porque el caso por el cual hoy guarda prisión domiciliaria fue interpuesto por él, pero ante el material probatorio que lo inculpaba se revirtió en su contra.
Sin embargo, sin importar las marchas o protestas de sus fieles seguidores o la defensa pública del presidente Duque, Uribe sigue preso. Y el discurso de persecución política “por su lucha férrea en contra de la guerrilla” no le sirve. Como tampoco le sirve su investidura de senador y mucho menos de exmandatario.
En Ecuador:
Asimismo, en fecha reciente, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, ratificó la condena de 8 años de prisión y 25 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos en contra del expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Según reporta Europa Press, junto a él también fueron condenados otras 17 personas -altos funcionarios y empresarios- involucradas en una red de pagos millonarios a cambio de obras públicas a empresas, entre ellas Odebrecht.
La sentencia condenatoria data del 2019 por el caso “Sobornos 2012-2016”, tras la fiscalía demostrar la existencia de una estructura de corrupción. Y aunque Correa y sus defensores aducen el viejo y pobre argumento de persecución política, el Tribunal ratificó que el movimiento político “correísta”, Alianza País, financió la campaña del ex jefe de Estado con dinero ilícito a cambio de la adjudicación de millonarios contratos con el Gobierno.
En Perú:
El expresidente peruano Alejandro Toledo está siendo acusado de recibir más de 20 millones de dólares para favorecer a Odebrecht con la concesión de obras públicas. Y aunque huyó a los Estados Unidos para tratar de evadir la justicia, allí cumple prisión domiciliaria mientras aguarda por la celebración de la audiencia de extradición a Perú, pautada para el 11 de marzo de 2021.
También está el caso de Alberto Fujimori, quien gobernó Perú desde 1990 hasta el 2000, cuando fue destituido por el Congreso peruano. A pesar de que trató de no dar la cara a la justicia, fue extraditado desde el Chile en 2007 y en 2009 fue condenado a 25 años de prisión por los delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Pena que solo cumplió 10 años debido al indulto otorgado por Pablo Kuczynski, quien dimitió de la presidencia por su vinculación con Odebrecht.
Aunque Kuczynski ha negado las acusaciones en su contra, está siendo investigado por haber dado “servicios de consultorías” a la constructora brasileña, así como por lavado de activos con la agravante de pertenecer a una organización criminal vinculado al caso Odebrecht en agravio del Estado. No obstante, a pesar de su avanzada edad (80 años), le fueron impuestos el pago de una caución de 100 mil soles ($28,070 dólares) y 36 meses (3 años) de prisión preventiva -que por sus condiciones de salud fue variada a prisión domiciliaria-.
En ese orden de ideas podemos mencionar a Ollanta Humala y su esposa, quienes también son investigados por el delito lavado de activos. Se les acusa de no reportar tres millones de dólares dados por Odebrecht y presuntamente recibidos por el Partido Nacionalista Peruano, del cual son fundadores, para la campaña electoral de 2011.
Al igual que Humala, han sido señalados la expresidenta Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori y el exmandatario Alan García, quien se suicidó el 17 de abril de 2019 antes de ser apresado.
En Argentina:
Así como estos ejemplos podríamos citar también a la exmandataria de argentina Cristina Fernández, quien tiene 22 causas penales en su contra. Y aunque no ha sido condenada, no puede cobrar su pensión de expresidenta ni salir del país sin orden judicial.
También recordamos a Carlos Menen, quien en 2013 fue condenado a siete años de prisión por venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador y de falsificar decretos que permitieron la maniobra. En 2015 fue condenado a 4 años y medio de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por pago de sobresueldos.
Otros casos:
Lula Da Silva, Dilma Rousseff, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, José Sarney, en Brasil, enmarcan la larga lista de exmandatarios acusados, judicializados y condenados por delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, soborno, favorecimiento y concesiones ilícitas de obras públicas, lavado de activos, obstrucción de la justicia, entre otros.
Al igual que Elías Antonio Saca y Mauricio Funes en El Salvador; Rafael Calleja en Honduras; Otto Pérez Molina en Guatemala. Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli en Panamá.
En República Dominicana:
Todas estas formas de delitos han sido cometidos por nuestros gobernantes y sus secuaces, sin que hasta el momento nadie haya sido siquiera investigado o procesado por un ministerio público responsable.
Todos los gobiernos han hecho y deshecho a su antojo con nuestro dinero y nuestras leyes, frente a nuestras miradas atónitas e impotentes. Incluso, todos sabemos que blindando el sistema de justicia a su conveniencia es cómo han logrado salir con el botín sin que nadie los persiga judicialmente.
Es hora de que con el cambio ya tengamos doliente porque, aunque el poder corrompe las causas más nobles, el pueblo siempre tendrá el poder de pasar factura. Así como se la pasó a Leonel, Hipólito, Danilo y el PLD, lo hará con todo aquel que no calme su sed de justicia, no de venganza.
Por tanto, si bien no puede haber retaliaciones, tampoco pueden seguir prevaleciendo los pactos de impunidad por debajo de la mesa.
Que no le tiemble el pulso señor presidente. Honre su promesa de darle a la nación la oportunidad de tener un ministerio público y un poder judicial independiente que no responda a intereses partidarios y menos aún de su propio gobierno. Un sistema autónomo y eficiente que permita y obligue a transformar nuestra clase política y a castigar con vehemencia a todos los que agravien al Estado.
Sobre la autora: Abogada egresada de la PUCMM, con maestría en periodismo de investigación de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.
