La Procuraduría General de la República (PGR) será apoderada este jueves de un sometimiento relacionado con la contratación de 11,500 millones de pesos en la compra de hormigón asfáltico caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas.
Para tales fines el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, y la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, acudirán por ante la procuradora Miriam Germán Brito.
La entrega del expediente acusatorio será depositada a la Procuradora a las 11:30 de la mañana, el cual posteriormente será remitido al director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), magistrado Wilson Camacho.
Indica el diario Dominicanoshoy.com que este es el primer expediente que las actuales autoridades llevaran al Pepca, departamento que fue reforzado con 19 fiscales investigadores, más los 15 fiscales que fueron asignado a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que preside Yeni Berenice Reynoso y que también darán asistencia al departamento anticorrupción.
El Pepca tendrá la responsabilidad de profundizar las investigaciones sobre este hecho que ha sido calificado como práctica de corrupción administrativa del pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Estos contratos fueron para asfaltar calles de Higüey, La Romana, Villa Consuelo, Constanza y Azua.
Hay que resaltar la excepción es una modalidad de contratación para cubrir situaciones imprevisibles, emergencias y necesidades. Estas compras por excepción fueron realizadas por obras Públicas bajo la modalidad de «exclusividad».
Sin embargo, según la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones, esta solo se aplica cuando hay muy pocos suplidores de bienes y servicios, a quienes la institución contratante debe tratar con igualdad, y en este caso hay más de 45 empresas que suplen hormigón asfáltico caliente (HAC), lo que evidencia que es irregular hacer contratos de excepción por «exclusividad» de este material.
En abril se hizo un contrato de RD$6 mil 750 millones entre 23 empresas. A 22 empresas le asignaron 300 millones por contratos de 70km lineales del producto, mientras que a otra le pagaron 150 millones por el mismo concepto, la mitad, lo que hace el proceso no transparente, a la vez que viola los principios de igualdad y libre competencia.
