Amaury Mo 
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció este lunes la suspensión del Registro de Proveedores del Estado (RPE) de la actual ministra de la Juventud, Kimberly Taveras Duarte.
La DGCP confirmó que Taveras figura como proveedora del Estado con dos empresas, una de corte personal a su nombre y otra jurídica (Colegio Domínico Chino CDC, SRL), donde funge como gerente administradora y es poseedora del 75 por ciento de sus acciones.
La institución informó que la decisión fue tomada a raíz de la divulgación de una entrevista concedida por la funcionaria al programa “Nuria, investigación periodística” y que inició una investigación de oficio para establecer los vínculos de las empresas de Taveras, conforme a lo establecido en los artículos 71 y 72 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y sus modificaciones, para identificar si las empresas en las que figura como accionista, han participado en procedimientos de contratación o resultado beneficiadas de alguna compra o contrato público siendo ésta funcionaria pública.
Indica el periódico Hoy, que el órgano rector reiteró a los servidores públicos que el artículo 14 de la referida Ley prohíbe a los funcionarios públicos ofertar o contratar con el Estado y recordó que mediante la circular DGCP-07-2020, emitida el pasado 26 de agosto, otorgó un plazo de 30 días calendarios, a partir de su emisión, para que los funcionarios incluidos en el régimen de prohibiciones requirieran la suspensión de su RPE para dar cumplimiento a la normativa vigente.
«La DGCP continúa en el proceso de identificación de los funcionarios que aún no han solicitado la suspensión de su RPE para proceder de oficio a su inhabilitación, tal y como ordena la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Estamos comprometidos a garantizar la igualdad de oportunidades y evitar los conflictos de interés en los procesos de contrataciones», subrayó el director de la DGCP, Carlos Pimentel.
La legislación establece que los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y sus modificaciones, entre los que figuran, ministros, viceministros, directores y subdirectores, alcaldes y regidores, no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales.
Juan J Calcano 
AFP 
si averiguen de donde saco la tipa esta casi 100 millones de pesos. droga, fraude, robo, corrupcion del gobierno, vaya usted a saber. hay que romperse el cuello para conseguir una decima parte de eso y durar 20 anos. sospechoso, y ella es tan bruta que acepta un cargo en el gobierno sabiendo que tiene hechas, quedate de bajo perfil, que va quieren mas y mas. un tollazo.
Es de esperarse que este sea el primer paso y que lo siguiente sea el sometimiento ante la Justicia. Este segundo paso no debe ser apresurado pero debe ser llevado a cabo si es verdad que hay un cambio en RD.
Que estés bien
bulto to, ahora cambia el nombre de las compañias y ya¡¡ investigada y presa es que debe estar
El mismo gobierno con otro color y siglas…. No es suspender el registro es cancelarla y someterla a la justicia para que demuestre que esa riqueza es legal, y también a Josefa Castillo y el hijo por tráfico de influencia en la alcaldía de Boca Chica