El juez coordinador de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, apoderó a la magistrada Keila Pérez Santana del recurso de objeción de la Alianza Ciudadana que busca revocar los archivos definitivos dispuestos por el exprocurador Jean Alain Rodríguez a favor de siete imputados en el caso Odebrecht.
Pérez Santana, jueza del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tendrá que decidir si revoca los archivos que favorecen a Temístocles Montás, Julio César Valentín, Radhamés Segura, Bernardo Antonio Castellanos de Moya, César Domingo Sánchez Torres, Máximo Leonidas D” Oleo Ramírez y Ruddy González.
La abogada Evelyn Torres, coordinadora jurídica de la Alianza Ciudadana, dijo que en el recurso aportará al tribunal serias denuncias sobre irregularidades y falsedades que afectan los archivos de Jean Alain Rodríguez.
Adelantó que su acción está fundamentada en los derechos de ciudadanía y la proscripción de la corrupción administrativa consagrada por los artículos 22, 146 de la Constitución y el artículo 85 del Código Procesal Penal.
Asimismo, argumentó que la calidad de víctima en este caso se sustenta en el hecho de que las infracciones tipificadas afectan el patrimonio público, y en la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0362/19, que otorga calidad a la ciudadanía para intervenir en los delitos cometidos por funcionarios púbicos en el ejercicio de su mandato.
La Alianza Ciudadana es una organización de la sociedad civil que trabaja en la transparencia, la defensa de los derechos colectivos y difusos y el combate a la corrupción administrativa.
Torres adelantó que la Alianza Ciudadana solicitó al procurador adjunto, Wilson Camacho, la entrega de las actuaciones procesales de las pasadas autoridades para sustentar su decisión de cerrar el caso Odebrecht a favor de los siete implicados.
Dijo tener información que arrojan graves dudas sobre la fecha de los archivos, supuestamente firmados en septiembre del 2019, cuando en realidad se afirma que se produjeron en los días previos al cambio de mando del 16 de agosto de este año.
La entidad accionante dijo estar lista para demostrar la irregularidad de los archivos definitivos y subrayó que sólo espera que la magistrada apoderada del caso fije para los próximos días el conocimiento de la objeción ciudadana.
“Será un procedente respecto de los derechos de los ciudadanos frente a la corrupción administrativa”, dijo Torres.
