Santo Domingo, RD.- El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) manifestó su profunda preocupación por la alta cantidad de partos de mujeres extranjeras, sobre todo haitianas, que se producen diariamente en los hospitales de la República Dominicana.
Quique Antún explicó que uno de cada cuatro partos realizados en las maternidades del país, corresponden a madres extranjeras, fundamentalmente haitianas.
“Solo en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia se realizaron 3,841 partos de mujeres haitianas en 2019, representando el 43% del total de los partos practicados en ese centro”, afirmó.
El líder reformista llamó al gobierno a tomar acción para detener esa situación, la cual dijo, va en desmedro no solo del presupuesto nacional en salud, “sino, también, de la composición demográfica dominicana y, por ende, de nuestras características sociales y culturales”.
Indicó que cada año se invierten más de 5 mil millones de pesos para atender la salud de las parturientas haitianas, las que, por lo regular, llegan al centro médico sin el más mínimo control sanitario, “lo cual hace más complicada la atención y, por demás, aumenta los gastos en detrimento de la atención a las pacientes dominicanas”.
Quique Antún dijo, además, que son preocupantes las cifras estadísticas ofrecidas la semana pasada por autoridades sanitarias, en las que se da cuenta del número de parturientas en los hospitales públicos del país.
El presidente del PRSC manifestó que en lo que va del año 2020, los principales centros de maternidad del país han reportado un total de 20,590 nacimientos, de los cuales 8,600, es decir, el 24%, ha sido de madres haitianas.
En ese sentido, señaló que el director del hospital Reynaldo Almánzar, de Santo Domingo Norte, doctor Freddy Novas, dijo que solo allí se han realizado 183 partos a mujeres extranjeras, de los cuales 144 eran haitianas, cifra que representa el 79% del total de partos en ese hospital.
Dijo que es insostenible que el gobierno dominicano siga financiándole los partos de las madres haitianas al gobierno de la vecina nación, “que es quien debe crear las condiciones institucionales, profesionales y presupuestarias para garantizarle los derechos a sus connacionales”.
