El juez de instrucción José Alejandro Vargas declaró complejo el expediente por corrupción administrativa abierto a raíz de la Operación Anti Pulpo que desarticuló un entramado delictivo operado por Juan Alexis Medina Sánchez, quien deberá guardar tres meses de prisión preventiva.
Medina Sánchez deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Cristóbal, al igual que los coimputados Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, quienes, entre otros delitos, incurrieron en coalición de funcionarios desde sus pasadas funciones de director general y director de Fiscalización, respectivamente, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
La imputada Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis, y Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, deberán cumplir tres meses de arresto domiciliario, con un brazalete en caso de ser posible, o bajo vigilancia del Ministerio Público. Ambos tendrán que presentar una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato y se mantendrán con impedimento de salida del país.
El exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper), Fernando A. Rosa Rosa, también tendrá que cumplir tres meses de prisión preventiva en el CCR San Cristóbal.
Julián Esteban Suriel Suazo, a quien se le ocupó un arsenal ilegal, así como José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda deberán guardar tres meses de prisión preventiva en la Cárcel Modelo de San Pedro de Macorís.
El juez alertó que la permanencia de esos tres imputados en las calles puede llevarlos a distraer pruebas del proceso.
Respecto al coimputado Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor de la República, también deberá cumplir arresto domiciliario, con un impedimento de salida del país.
Mientras, el encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz quedará en libertad con la obligación de presentarse de manera periódica ante el procurador fiscal adjunto que lleva la investigación de la Operación Anti Pulpo.
Vargas estableció que el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional sea el que tenga a su cargo el control de la fase preparatoria de juicio.
Antes de anunciar su decisión, el magistrado ponderó aspectos de la acusación del Ministerio Público; en ese contexto, resaltó que “hay una estafa” respecto al suministro de hormigón asfáltico líquido (AC-30) al Estado de una de las empresas de Medina Sánchez en la que el entonces director de la Oisoe, Pagán Rodríguez, tiene su responsabilidad penal comprometida por complicidad.
El señor Pagán Rodríguez era “el más arrestado de todos” por la premura en favorecer al imputado Medina Sánchez, dijo el magistrado.
