Debido a supuestas irregularidades que giran en torno al derecho laboral de 38 nuevos defensores públicos, egresados de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) este mismo año, la Asociación Dominicana de Defensores Públicos (ADDP), en la persona de Ruth Ubiera, Iván Baldayac, Walkiria Aquino y Johanna Encarnación, le hace un llamado a la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) para que regularice una serie de derechos básicos que aún no les han sido reconocidos a los nuevos defensores.
El tema de la salud y la remuneración económica es una de las mayores preocupaciones de los nuevos defensores públicos, ya que, según un comunicado dirigido al director de la ONDP, Rodolfo Valentín, por la ADDP, los juristas aún no tienen seguro médico y tampoco han recibido el salario correspondiente al mes de noviembre.
Por lo que, además, la ADDP solicita, de manera salomónica, que a los 38 nuevos defensores se les asigne trabajar de manera remota, hasta tanto sean incluidos en un plan de seguro de salud y se les remunere económicamente.
Algunos de los nuevos defensores públicos han sido trasladados a oficinas ubicadas en otros pueblos, lo que ha implicado gastos extras que han tenido que sustentar por otras vías.
Incluso, otros también se han visto afectados por el Covid-19 y han tenido que arreglárselas como pueden, ya que no disponen de seguro de salud.
En ese mismo sentido, los defensores públicos agregan en el comunicado que cuando han solicitado información a la Oficina Nacional de la Defensa Pública sobre el pago del salario o sobre su seguro médico les han dado “diferentes versiones”, por lo que demandan se le entregue un informe oficial que explique detalladamente cual es la situación real de los nuevos defensores públicos, que ingresaron hace un poco más de 45 días a la Oficina Nacional de la Defensa Pública.
El documento también advierte que en caso de que el llamado no surta efectos en el día de hoy, la promoción compuesta por 38 defensores públicos se verá obligada agotar otros mecanismos que le garanticen la protección de los derechos que les corresponden.
