El fundador de WikiLeaks, el polémico Julian Assange, espera saber el lunes si la justicia británica decide finalmente extraditarlo a Estados Unidos, que lo reclama para juzgarlo por espionaje y podría condenarlo a hasta 175 años de prisión.
En un caso que sus defensores denuncian como clave para la libertad de prensa, el australiano, de 49 años, conocerá en una vista en la corte penal de Londres si la jueza Vanessa Baraitser considera pertinente la petición de extradición presentada por la justicia estadounidense.
Sin embargo, su decisión puede ser recurrida por ambas partes, lo que podría prolongar la larga saga judicial que rodea a Assange desde 2010, poco después de que su web WikiLeaks publicase cientos de miles de documentos militares y diplomáticos confidenciales que pusieron a Estados Unidos en más de un aprieto.
Entre ellos figuraba un vídeo en que se veía como helicópteros de combate estadounidense disparaba contra civiles en Irak en 2007, matando a una docena de personas en Bagdad, incluidos dos periodistas de la agencia de noticias Reuters.
Antes de pronunciarse, la justicia inglesa examinó detenidamente la solicitud estadounidense para asegurarse de que no sea desproporcionada o incompatible con los derechos humanos.
Las vistas celebradas en septiembre, tras meses de retraso debido a la pandemia de coronavirus, estuvieron marcadas por las protestas a las puertas del tribunal, donde partidarios del australiano como la diseñadora británica Vivienne Westwood enarbolaron pancartas que decían «¡Encarcelen a los criminales de guerra, liberen a Julian Assange!».
«El futuro del periodismo está en juego», había afirmado el redactor jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson.
– «Motivación política» –
Afirmando temer que Assange, cuya salud física y mental pareció muy debilitada, se quitase la vida, su compañera sentimental, Stella Moris, había entregado en septiembre a la oficina del primer ministro británico, Boris Johnson, una petición con 800.000 firmas contra su extradición.
Recluido en una prisión londinense de alta seguridad desde su detención en abril de 2019 en la embajada de Ecuador, donde vivió refugiado siete años, Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel si la justicia estadounidense lo declarase culpable de espionaje.
Washington le reprocha haber puesto en peligro la vida de sus informantes con la publicación de los documentos secretos sobre las acciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán, que revelaron actos de tortura, muertes de civiles y otros abusos.
Pero para su comité de apoyo, son «cargos con motivación política» que «representan un ataque sin precedentes a la libertad de prensa».
La defensa del australiano, coordinada a nivel internacional por el exjuez español Baltasar Garzón, denunció en el pasado que el presidente estadounidense Donald Trump quería hacer con él un castigo «ejemplar» en su «guerra contra los periodistas de investigación» y Assange no tendría un juicio justo en Estados Unidos.
Esta ahora por ver cuál será la actitud del presidente electo estadounidense, el demócrata Joe Biden, que en unos días reemplazará a Trump en la Casa Blanca.
Hasta ahora Estados Unidos ha defendido que Assange no es periodista sino «pirata informático» y aseguró que ayudó a la analista de inteligencia Chelsea Manning a robar esos documentos clasificados antes de exponer el material a los ojos del mundo.
Lo acusa además de haber conspirado con miembros de los grupos de hackers LulzSec y Anonymous y de haber tenido «acceso no autorizado a un sistema de computación gubernamental de un país de la OTAN».
Los abogados de Assange llevan meses alertando sobre el frágil estado físico y mental del australiano, que apareció confuso y con dificultades para expresarse y estuvo ausente de algunas vistas por problemas de salud.
