Más de 20 personas que fueron arrestadas y conducidas anoche al destacamento del sector Buenos Aires de Herrera, en Santo Domingo Oeste, por violar el toque de queda, tuvieron que pagar dos mil pesos en efectivo para recobrar su libertad ayer domingo, pese a que esta práctica fue revocada el pasado viernes por la Procuraduría General de la República (PGR).
Así lo denunció a El Nuevo Diario José Rodríguez, uno de los arrestados, quien agregó que lo trancaron en un cuarto donde además del calor, la aglomeración, (de la que tanto pregonan las autoridades que hay que evitar), era más que evidente.
“Nos dieron la libertad a las 10 de la mañana y todos tuvimos que pagar dos mil pesos y los que tienen vehículos tuvieron que pagar mucho más, según escuché a uno decir”, reveló Rodríguez, quien según narró fue arrestado mientras esperaba al frente de su residencia a un delivery de una tienda de comida rápida.
“El proceso para pagar los dos mil pesos es el siguiente. Ellos te trasladan del destacamento hasta la Fiscalía de Las Palmas y ahí te trancan en una celda, y preguntan, quién tiene dinero para pagar su fianza, si lo tienes lo pagas y te dan la libertad, de lo contrario te dicen que llame a un familiar, como pasó con algunos de los que estaban allí”, continuó diciendo Rodríguez.
Así amanecieron los detenidos
El denunciante, tras puntualizar que los detenidos eran 32, agregó que los policías que lo arrestaron ni siquiera lo requisaron y que pasó lo mismo con otros de los que estaban en la celda, debido a “irregularidades” que pudo observar.
“Un detalle es que a los del toque de queda ellos (las autoridades) no lo revisan. Grabé a un menor de edad que se mantuvo por mucho tiempo en la celda que nosotros estábamos y al rato fue que se enteraron que era menor y se lo llevaron para otro lado”, manifestó el denunciante.
Revocación de la PGR
El pasado viernes la procuradora General de la República revocó, tras concluir el proceso de revisión que anunció esa misma semana, la “Instrucción general sobre procesamiento y sanciones por incumplimiento del toque de queda y prohibición de aglomeraciones”.
La decisión de la magistrada Miriam Germán Brito revierte la instrucción que había emitido a los fiscales de las distintas instancias del Ministerio Público el 11 de enero de 2021, en el que establecía los montos a cobrar por las multas al toque de queda y otras disposiciones emitidas por el gobierno ante la pandemia del COVID-19.
Mediante estas nuevas directrices, de fecha 15 de enero de 2021, la procuradora general dispone que los integrantes del Ministerio Público deberán procurar que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo, y que a su vez se amparan en declaratorias de estado de excepción, deberán ser sometidos ante el juez de paz de la jurisdicción correspondiente que conozca asuntos contravencionales.
Actualmente el toque de queda en la República Dominicana inicia a las 5: 00 de la tarde los días de semana y a las 12:00 del mediodía los fines de semana, con una gracia de tres horas de libre tránsito.
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