Santo Domingo.- El colectivo de Padres por la Educación Presencial en República Dominicana, PPEPRD, anunció el inicio de un proceso legal mediante el cual se reclama a los Ministerios de Educación y Salud Pública una respuesta a la solicitud de la creación e implementación de un plan de reapertura de la educación presencial a nivel nacional.
La propuesta del PPEPRD es que este proceso se realice de manera segura, gradual y voluntaria, así como se ha realizado en 166 países del mundo. Estas tres condiciones permiten garantizar un control sanitario y le ofrece a cada familia la opción de decidir si desea integrar sus hijos a la docencia presencial o si permanece de manera virtual.
Desde octubre de 2020 el colectivo se ha manifestado públicamente sobre el tema y ha realizado acercamientos a las autoridades del Ministerio de Educación y Salud Pública, con cartas, evidencias y protocolos que sustentan su reclamo. Estos esfuerzos a la fecha, no han obtenido respuestas.
Esto motivó la acción legal, la cual está amparada en el artículo 107 de la Ley No. 137-11 de los procedimientos constitucionales, el cual conmina a las autoridades a dar respuesta en un plazo no mayor de 15 días laborables. Se trata de un emplazamiento formal previo a la introducción de un amparo de cumplimiento mediante una acción colectiva, a la cual han invitado a sumarse a otras instituciones y gremios afines.
Yurosky Mazara, abogado representante de PPEPRD, explicó que el cierre obligatorio de todos los centros de enseñanza, de manera prolongada e inflexible, no resiste un test de razonabilidad y se traduce en una conculcación de derechos fundamentales. “Entendemos que al igual que la economía es de vital importancia para el país y la sociedad, en igual medida lo es la educación, por lo cual debe ser prioridad nacional la creación de un plan para la reapertura de la docencia presencial”, indicó Montserrat Bordas representante del colectivo de padres.
De acuerdo con datos de UNICEF, República Dominicana es uno de los tres países en toda la región que no ha concluido un protocolo para el retorno seguro a la educación presencial.
“Nuestro interés va más allá de nuestros hijos, se extiende a los niños y jóvenes de todo el país y todas las clases sociales. Conocemos que un 30% de los estudiantes dominicanos no ha podido recibir ningún tipo de educación desde que inició la pandemia, lo cual nos impacta grandemente a nivel social y económico” agregó Gabriella Porrello, representante del colectivo de padres.
Niños y jóvenes de escasos recursos se ven más expuestos a violencia, abuso, trabajo, maltrato y hasta a desnutrición debido al cierre de las aulas. Los efectos psicológicos y emocionales son igualmente devastadores para los niños y jóvenes.
