La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que encabeza el procurador adjunto Wilson Camacho, recusó ayer a dos de las tres juezas que integran el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en lo relativo al conocimiento del expediente contra seis imputados del Caso Odebrecht.
El Ministerio Público recusó a las juezas Tania Yunes y Jissel Naranjo, por admitir la exclusión de su testigo número 14, Julián Rojas, luego de acoger una solicitud de la defensa técnica de los procesados. La decisión fue emitida con el voto disidente de la presidenta del tribunal, Esmirna Giselle Méndez.
Wilson Camacho dijo que las juezas fueron recusadas porque en las últimas decisiones ha habido un giro sorprendente que huele a impunidad.
“El Ministerio Público, en ese sentido, planteó la recusación de las juezas y el trámite, decidió la jueza presidenta enviarlo a la Corte de Apelación”, detalló.
Camacho consideró que, al igual que el Ministerio Público, toda la ciudadanía debe estar vigilante sobre los detalles del juicio Odebrecht porque, “la lucha contra la corrupción no debe tener excepciones”.
“Nosotros, de nuestro lado, seguiremos haciendo el trabajo para que haya condena en Odebrecht, así como en todos los casos”, insistió.
El tribunal ordenó la continuación del juicio para el próximo 11 de marzo a las 9:00 de la mañana.
Al responder preguntas de la prensa tras culminar la audiencia de este lunes, el titular de la Pepca explicó que ahora la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidirá si las magistradas Yunes y Naranjo permanecen en el proceso o tienen que salir de este.
Los fiscales que representan al Ministerio Público en el juicio habían solicitado al tribunal que rechazara la solicitud de los abogados de los imputados, relativa a la exclusión de su testigo.
Con la comparecencia del testigo Rojas, la pasada semana el Ministerio Público incorporó las declaraciones juradas correspondientes a los imputados Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas; Andrés Bautista García, expresidente del Senado; Tommy Galán, exsenador por la provincia San Cristóbal, y el también exdirector de Inapa, Roberto Rodríguez Hernández.
El juicio también se sigue en contra del empresario Ángel Rondón Rijo, exrepresentante comercial de Odebrecht en el país, y del abogado Conrado Pittaluga Arzeno.
El grupo es acusado por los US$92 millones que pagó en sobornos la constructora Norberto Odebrecht para beneficiarse con la adjudicación de obras públicas en República Dominicana.
El Ministerio Público cuenta con un total de 28 testigos como parte de las pruebas que aportará en contra de los encartados.
El órgano del sistema de justicia dijo que se trata de pruebas contundentes con las cuales demostrará que violaron el Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y la Ley 448-06, sobre Soborno.
