El martes, la administración Biden dejó de hacer cumplir las restricciones de «carga pública» de 2019 sobre los casos de inmigración, desentrañando la pieza central de los esfuerzos del expresidente Donald Trump para restringir la inmigración legal.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que su departamento había detenido la implementación de la regulación de «carga pública» de 2019 luego del restablecimiento de una orden judicial federal que bloqueaba la política de la era Trump. El martes temprano, el Departamento de Justicia notificó a los tribunales de todo el país, incluida la Corte Suprema, que ya no defendería la regulación de carga pública de la administración Trump.
Los defensores habían denunciado enérgicamente la política, que otorgó a los funcionarios estadounidenses una mayor discreción para rechazar las solicitudes inmigrantes que el gobierno descubrió que confiaban, o corren el riesgo de depender, de beneficios públicos, como cupones de alimentos.
«La regla de carga pública de 2019 no estaba en consonancia con los valores de nuestra nación», dijo Mayorkas en un comunicado. «Penalizó a quienes acceden a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales disponibles para ellos».
El mes pasado, el presidente Biden ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que revisara la regla de carga pública y otros límites de la era Trump sobre la inmigración legal. El martes, DHS dijo que había determinado como parte de la revisión que defender la regla contra la avalancha de demandas que recibió de los estados, jurisdicciones locales y grupos de defensa «no era de interés público ni un uso eficiente de los recursos gubernamentales limitados».
El Departamento de seguridad nacional (DHS por sus siglas en inglés) dijo el martes que volvería a las reglas de la era Clinton que instruían a los funcionarios a considerar a los inmigrantes como cargas públicas solo si recibían beneficios en efectivo del gobierno o atención institucionalizada a largo plazo.
«Según la guía de campo provisional de 1999, el DHS no considerará que una persona recibe Medicaid (excepto Medicaid para la institucionalización a largo plazo), vivienda pública o beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) como parte de la determinación de inadmisibilidad de carga pública». dijo el departamento en un comunicado.
«Simplemente, hoy, menos niños pasarán hambre y más familias recibirán la atención médica que necesitan desesperadamente», dijo en un comunicado la procuradora general de Nueva York, Letitia James, que había desafiado la regla de carga pública de la era Trump.
Mayorkas dijo que el DHS continuará revisando la regulación de la administración Trump.
Olivia Golden, directora ejecutiva del Centro de Derecho y Política Social, elogió las acciones del martes. Pero instó a la administración de Biden a rescindir formalmente la regla de 2019 y aumentar la conciencia pública sobre la reversión de la política «para garantizar que las familias inmigrantes sepan que pueden obtener la atención y la ayuda que necesitan de manera segura».
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