El procurador adjunto Wilson Camacho dijo que procede y corresponde con lo que establece la ley, la introducción de una nueva querella por parte de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), como actor civil, en el proceso que se sigue por la venta ilegal de terrenos en el sector Los Tres Brazos.
En ese sentido, durante la continuación de la audiencia preliminar el Ministerio Público solicitó al juez del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Juan Francisco Rodríguez Consoró, que fueran rechazados los recursos de oposición interpuestos por las defensas contra la decisión de dar la oportunidad a Corde de introducir la nueva querella. Además, solicitó que declarara Constitucional la decisión.
La petición fue acogida por el juez Rodríguez Consoró, quien aplazó la audiencia para el próximo 23 de abril, para que Corde, representado por la abogada Laura Acosta, deposite y notifique a todas las partes de una nueva querella en constitución de parte civil en la que el Estado reclamará indemnizaciones a los imputados que vendieron el sector habitado por decenas de familias.
Las copias de la querella con sus pruebas deberán ser entregadas a todas las partes para que tengan conocimiento de lo que se le está acusando y puedan preparar la defensa de los imputados.
Por este caso son procesados el exdirector de Corde Leoncio Almánzar Objío y otros 16 implicados entre personas físicas y jurídicas procesadas por la venta ilegal de terrenos en el sector Los Tres Brazos, del municipio Santo Domingo Este.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa por el caso, además de Almánzar Objío, a Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de Corde; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional.
Además son acusados Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., y los empleados de esa empresa, Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
Igualmente, a José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.
Igualmente, son acusadas las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Tekknowlogic Dominicana S.R.L.
El pasado viernes el Ministerio Público inició con la lectura de la acusación en la audiencia preliminar.
La acusación establece que los citados funcionarios públicos se coludieron entre sí para violar el ordenamiento jurídico constitucional y legal a fin de desfalcar al Estado dominicano, vendiendo a precios pírricos todo un sector habitado, de más de un millón de metros cuadrados, a un grupo de empresarios agrupados en la compañía Infepa.
Refiere el expediente que éstos últimos tenían expectativas de obtener ganancias por miles de millones de pesos, resultado de revender la infraestructura pública y privada desarrollada en el sector, valiéndose de maniobras fraudulentas (estafa) en perjuicio del Estado y del pago de beneficios indebidos en forma de sobornos.
Al grupo se le imputan los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, soborno de funcionario público, abuso de funciones, complicidad en desfalco en perjuicio del Estado dominicano, asociación de malhechores, estafa, coautor de soborno de funcionario público, falsedad en escritura pública y complicidad en desfalco.
El caso ha recibido la calificación jurídica de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
El equipo litigante del Ministerio Público está dirigido por el titular de la Pepca, procurador adjunto Wilson Camacho, y lo integran los fiscales José Miguel Marmolejos, María Melenciano, Isis de la Cruz y Rosa Pichardo.
El Ministerio Público sostiene que cuenta con una acusación sólida con más de 1,000 pruebas testimoniales y documentales que demuestran que este es uno de los desfalcos inmobiliarios más grandes que se han cometido en la República Dominicana.
En la jornada de este viernes el juez rechazó dos recursos de oposición a las defensas.
