Los fiscales litigantes del Ministerio Público en el Caso Odebrecht procuran este martes que sean incorporadas al proceso las pruebas de Brasil que forman parte de las evidencias en contra de los imputados de recibir sobornos por parte de esa empresa con el fin de asegurar contratos de construcción de obras de infraestructura en el país.
Los representantes del Ministerio Público presentaron un recurso de oposición parcial a la decisión del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que rechazó ayer la incorporación de una comunicación y dos de sus anexos, enviados al país por las autoridades de Brasil.
Al presentar el recurso, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, afirmó que el Ministerio Público ha cumplido con su obligación, la que establece el artículo 298 del Código Procesal Penal), de acusar, presentar la acusación y, con la acusación, depositar las evidencias, “en este caso, las evidencias, debidamente traducidas”.
Aseguró que hay un acto concreto, no una argumentación del Ministerio Público, que se llama acto número 52-2017, de fecha 19 de mayo de 2017, instrumentado por la intérprete judicial Laura María Serra Nova. “¿Qué es lo que le está diciendo el Ministerio Público a este tribunal?: Esta evidencia, con este acto, fue entregada en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué le está diciendo el Ministerio Público a este tribunal?: Nosotros hemos cumplido con nuestra obligación”, manifestó en estrado.
“¿Qué han hecho mis compañeros durante varios minutos?”, continuó el titular de la Pepca, indicar a este tribunal las razones que llevan a la conclusión lógica de que estas evidencias fueron entregadas a la Suprema Corte de Justicia, y que si ese documento, por ejemplo, se traspapeló, eso no le pasó al Ministerio Público; si hay una falta, hay que buscarla en otro lugar, no en el Ministerio Público, nosotros lo que queremos es justicia, justicia”, recalcó Camacho.
El magistrado Camacho pidió al tribunal en sus conclusiones que tenga a bien acoger este pedido en cuanto a la forma, por haber sido planteado con apego al derecho.
Igualmente, solicitó que sea acogido en cuanto al fondo, toda vez que el Ministerio Público ha dado razones y aportado las evidencias que indican que estas fueron entregadas por el Ministerio Público, con sus traducciones incluidas.
“Que, en consecuencia, la decisión del tribunal sobre ese punto, y quiero ser muy específico, sobre la prueba 1 y el anexo 1 y el anexo 2, que fueron los excluidos, parcialmente, sea modificada para que sea incorporada de forma completa la prueba de referencia, tal y como ha solicitado desde el inicio el Ministerio Público”, planteó el titular de la Pepca, quien lidera el equipo litigante del Ministerio Público.
En las motivaciones del recurso, la fiscal Mirna Ortiz destacó que las partes las debatieron en la audiencia preliminar las citadas pruebas traducidas.
Refirió que estas evidencias deben ser incorporadas porque el órgano acusador entregó de manera efectiva toda la documentación registrada en su acusación al tribunal y que este en consecuencia las entregó a los imputados y sus defensas técnicas.
En tanto que el fiscal José Miguel Marmolejos dijo que las defensas tenían esos documentos seis meses antes de presentarse la acusación.
La Pepca recordó que las delaciones premiadas forman parte de los anexos y permanecen como pruebas en el proceso, sin ser excluidas por el tribunal, debido a que están debidamente traducidas al español.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional alegó que algunas pruebas estaban en portugués, una postura refutada por Ministerio Público.
Los fiscales del caso iniciaron la mañana del lunes 22 de marzo con la presentación de más de 700 pruebas documentales pendientes de incorporación en el juicio que se sigue en contra de seis imputados de recibir sobornos de los US$92 millones que pagó Odebrecht para lograr contratos de obras gubernamentales.
Las pruebas se presentan en contra de Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), y Víctor Díaz Rúa, también exdirector de Inapa y exministro de Obras Públicas.
Además, contra Ángel Rondón Rijo, quien fungió como representante de Odebrecht en sus negocios con el Estado dominicano, y por igual contra Porfirio Andrés Bautista García, expresidente del Senado; Tommy Alberto Galán Grullón; exsenador de la provincia San Cristóbal, y el abogado Conrado Pittaluga Arzeno.
Integran el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, quienes dispusieron la continuación del juicio para las 2:30 de la tarde de este martes.
El Ministerio Público busca demostrar que los imputados incurrieron en los delitos de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos.
