Milaide Nader era administradora en Venezuela, en República Dominicana arregla cejas en un puesto ambulante: es indocumentada y no puede acceder a un trabajo formal, pero un programa de regularización del gobierno puede cambiar su situación.
Unos 115.000 venezolanos viven de forma irregular en República Dominicana, país de casi 11 millones de habitantes.
Nader llegó a Santo Domingo hace tres años huyendo de la crisis en su país. Entró como turista y se quedó.
Sin papeles no puede abrir una cuenta bancaria ni acceder a la seguridad social. Para el Estado dominicano, no existe.
«Se nos cierran muchas puertas, no podemos trabajar en lo que queremos», dice a la AFP Nader, de 35 años y natural de Maracaibo (estado Zulia, oeste de Venezuela). «Por no tener papeles (…) no nos dan la oportunidad».
«La mayoría de los venezolanos aquí somos profesionales y queremos ejercer lo que estudiamos», añade junto al puesto ambulante donde arregla cejas y coloca pestañas postizas: una silla atravesada en la acera de una avenida de Santo Domingo.
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El gobierno anunció en enero un «plan de normalización» que arrancó esta semana con un censo de indocumentados y que contempla, en primer lugar, regularizar su situación migratoria con el pago de una multa única de unos 115 dólares.
Ese paso le otorgará 60 días a la persona para salir del país o solicitar una visa de trabajo ante el Ministerio de Exteriores, renovable cada año, y posteriormente un documento de identidad.
El proceso, que no estipula un proceso de residencia permanente, cuesta en total unos 300 dólares por persona, más que un salario mínimo de 230.
Es un monto alto para muchos de estos migrantes que normalmente consiguen trabajos mal pagados.
Dilcia Rojas, de 40 años, trabajó por ejemplo como doméstica por menos del salario mínimo. Hoy vende jugos en la calle junto a su hijo de 10 años, esperando «poder salir y volver a entrar sin ningún problema» a República Dominicana con este proceso.
«Es mi preocupación porque tengo otro niño en Venezuela y tengo tres años sin verlo porque no puedo salir», expresa.
– «Migración calificada» –
La migración es un tema sensible en República Dominicana, especialmente la proveniente de Haití, vecino con el que comparte la isla La Española y con el que mantiene una relación históricamente difícil.
El gobierno del presidente Luis Abinader propuso incluso una verja que divida la frontera de ambos países para disminuir el paso ilegal de haitianos, la principal comunidad migrante en la isla, que despierta además un alto rechazo entre los locales.
No ocurre así con los venezolanos, sostiene el director general de Migración, Enrique García, al asegurar que el plan de regularización ha sido recibido con buenos ojos.
«El dominicano tiene un concepto que la migración venezolana es una migración calificada, que son personas que vienen a aportar al país», dice a la AFP.
Eleana Vásquez, diseñadora gráfica de 42 años, quiere con el proceso «darle estabilidad» a su familia. En su casa trabajan ella y su marido, que es mecánico. Entre ambos ganan 500 dólares; su hija de 23, también diseñadora, está desempleada y su otro hijo, de 16, está en la escuela.
«Nuestra estadía es a mediano y largo plazo», dice esperanzada de que este proceso derive en una residencia permanente, algo descartado por las autoridades de momento.
Nader, que perdió el característico acento de Maracaibo y tiene uno más parecido al dominicano, mira el futuro con entusiasmo. Piensa en «tener el privilegio de gozar de seguro médico y todas esas cosas».
«Conseguir un mejor empleo, abrir cuentas en los bancos, tener más beneficios», enumera por su parte Evelyn Nieto, una maestra de 38 años que también se gana la vida arreglando cejas. «Poder viajar a mi país», continúa, «a ver a mi familia que los extraño muchísimo».
AFP
