Washington D.C. El Congreso de la República Dominicana debe adoptar una propuesta para despenalizar el aborto en tres circunstancias, señaló hoy Human Rights Watch. La prohibición total del aborto establecida por el país, que está vigente desde 1884, amenaza la salud y la vida de las personas gestantes y es incompatible con las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por la República Dominicana.
“Los legisladores de la República Dominicana tienen una oportunidad histórica para reformar el arcaico Código Penal que está vigente en el país y despenalizar el aborto en tres circunstancias”, explicó Ximena Casas, investigadora de derechos de la mujer de Human Rights Watch. “Las mujeres y las niñas en la República Dominicana han esperado mucho para que las autoridades defendan su vida y sus derechos sexuales y reproductivos”.
El Código Penal del país prevé penas de hasta dos años de prisión para las mujeres y las niñas que tengan abortos, y de hasta 20 años para los profesionales médicos que los realicen.
Durante los últimos 15 años, Human Rights Watch ha publicado varios informes sobre el impacto de la criminalización del aborto, ocho de ellos sobre países en América Latina y el Caribe. En todos los casos, Human Rights Watch ha llegado a la conclusión de que los marcos jurídicos que penalizan el aborto generan un entorno en el cual las mujeres y niñas recurren a procedimientos inseguros que ponen en peligro su salud y sus vidas.
Human Rights Watch publicó un informe y un video en 2018 en los cuales documentó las consecuencias perniciosas de la prohibición del aborto en la República Dominicana y que elaboró a partir de entrevistas a decenas de mujeres y niñas que tuvieron embarazos no deseados y recurrieron a métodos de aborto inseguro, a menudo exponiéndose a un grave riesgo para su salud y sus vidas. La investigación mostró que la prohibición del aborto en el país contribuyó a complicaciones de salud y muertes maternas prevenibles y perjudicó de manera desproporcionada a las mujeres y niñas de sectores de bajos ingresos y zonas rurales, que tienen menos probabilidades de acceder a métodos de aborto más seguros o de viajar a otro país donde el aborto sea legal.
El presidente Luis Abinader ha propuesto celebrar un referéndum nacional para que sea la ciudadanía la que decida. Cuando se limita de manera irrazonable el acceso a servicios de aborto legal y seguro, como ocurre en la República Dominicana, el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y efectivizar los derechos humanos relacionados con la salud sexual y reproductiva y la autonomía, y estos derechos no deberían ser objeto de un referéndum, indicó Human Rights Watch.
Estaba previsto que la Cámara de Diputados iniciara el debate del proyecto el 21de abril de 2021, pero no se formó quórum. El debate comenzó el 22 de abril y es posible que se extienda varios días. Si se adopta el proyecto en la Cámara de Diputados, pasará al Senado para su tratamiento y votación. De aprobarse, se enviaría como último paso al presidente Abinader para que lo refrende.
La decisión que se adoptó en 2017 en Chile de despenalizar parcialmente el aborto es un ejemplo del progreso mundial hacia la eliminación de los obstáculos legales al acceso al aborto. Entre 2000 y 2017, 27 países ampliaron el acceso legal al aborto. La República Dominicana debería sumarse a los países que han adecuado sus leyes sobre acceso al aborto para que sean más acordes con sus obligaciones de derechos humanos, destacó Human Rights Watch.
“Obligar a mujeres y niñas a seguir adelante con un embarazo o a recurrir al aborto inseguro cuando está en peligro su vida, o cuando un embarazo sea inviable o haya sido causado por violación o incesto, es una medida cruel y peligrosa que viola derechos humanos”, explicó Casas. “La República Dominicana debe poner fin a la prohibición total del aborto sin demora y reafirmar los derechos y la dignidad de las mujeres y niñas permitiéndoles que tomen decisiones sobre la atención de su salud”.
