De ser aprobado un proyecto de ley que reposa en el Congreso Nacional, los equipos e insumos utilizados en la cremación de cadáveres serían exentos del pago de impuestos, aranceles y tasas, a los fines de que ese servicio sea asequible a los sectores de bajos ingresos.
La iniciativa sometida ante el Senado de la República establece que las funerarias y los cementerios tanto públicos como privados podrán brindar los servicios de cremación.
Plantea además que los ataúdes utilizados para transportar o exponer un cadáver serán destruidos, cuyo procedimiento deberá quedar anotado en el registro de la empresa, persona o entidad que provee los servicios de cremación.
Indica el Diario Libre que el proyecto de ley refiere que: “la cremación de los cadáveres se efectuará por autorización exclusiva del fallecido, mayor de edad, la medida expresa voluntad formal y legalmente plasmada en vida o en su defecto, a solicitud del cónyuge o del familiar más cercano, previo cumplimiento de las disposiciones técnico-sanitarias y con autorización del Ministerio de Salud Pública”.
La propuesta del senador por San Pedro de Macorís, Franklin Peña, busca que la construcción de ataúdes sea debidamente registrada en el cabildo correspondiente, con una numeración específica y previamente determinada. Será una obligación de la funeraria y del cementerio mantener al día el registro de los ataúdes que deberán ser reportados en los ayuntamientos.
Respecto a las funerarias, su construcción e instalación deberá ser autorizada por el Ministerio de Salud Pública y la alcaldía del municipio, tras cumplir con requisitos técnicos sanitarios.
El anteproyecto también aduce que la seguridad de la operación y funcionamiento de los cementerios será responsabilidad de los cabildos municipales, las juntas de distritos y de la Policía Nacional. El proyecto fue enviado a estudio de la comisión de Desarrollo Municipal y Organizaciones No Gubernamentales.
