Caso Coral está “jurídicamente blindado”

“Bajo la dirección de la señora procuradora Miriam Germán Brito, este equipo tiene una investigación amplia, compleja, sobre hechos sumamente graves”, resaltó este miércoles la titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, en relación con la medida de coerción contra la red de corrupción desmantelada con la Operación Coral.

Reynoso encabezó, junto a Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el equipo de fiscales que representa al Ministerio Público en el caso de la red de corrupción y lavado de activos encabezada por el mayor general Adán (Adams y/o Adan) Benoni Cáceres Silvestre y la asimilada policial Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (La Pastora).

“El Ministerio Público está listo para conocerlo (el expediente) en el Centro Olímpico si es necesario”, respondió Reynoso a los periodistas que preguntaron si los fiscales tenían alguna oposición a que el proceso que conoce la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional se difunda a través del canal de Youtube que utiliza el Poder Judicial para transmitir los procesos penales, con el objetivo de mantener al día a los ciudadanos y, a la vez, evitar aglomeraciones en las salas de audiencias, sobre todo en medio de la pandemia de la COVID-19.

“Nosotros no tenemos ningún temor, nuestro caso está jurídicamente blindado”, apuntó la procuradora adjunta. Resaltó que en el transcurso de los siguientes días el Ministerio Público desplegará “muchas más diligencias de investigación… decenas de diligencias de investigación que a diario estamos haciendo”, dijo.

“Lo que podemos informar es que estamos listos para conocer el proceso y que el Ministerio Público seguirá profundizando las investigaciones con relación a este y otros casos (de corrupción) y ustedes entenderán que, por razones de proteger la misma investigación, no podemos en este momento dar detalles”, añadió.

Reynoso aseguró que el entramado criminal enfrentado en la Operación Coral operaba durante años como una “mafia”, pero aseguró a la ciudadanía que el Ministerio Público cuenta con todas las evidencias necesarias para lograr, en esta fase, la medida de coerción de prisión preventiva contra los imputados y, eventualmente, una condena en el juicio de fondo.

Además del mayor general Cáceres Silvestre y Guzmán Sánchez, en el expediente de la Operación Coral figura el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la citada imputada. También el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

La jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó el conocimiento de la medida de coerción para el próximo viernes, a las 10:00 de la mañana, a solicitud de la defensa.

El procurador Wilson Camacho resaltó que la solicitud de la defensa para el aplazamiento se debió a la cantidad de pruebas con las que cuenta el Ministerio Público, la cual calificó de “abrumadora”.

“La prueba del Ministerio Público no es solo abrumadora, sino que es una cantidad de pruebas fulminantes para la defensa y permitirán al tribunal, en el momento oportuno, en este caso a partir del viernes a las 10:00 de la mañana, imponer la medida de coerción que ha solicitado el Ministerio Público, que es la prisión preventiva”, dijo Camacho.

Explicó que todas las pruebas se le notificaron al tribunal. “El Ministerio Público entregó todas las evidencias con que cuenta al tribunal y el tribunal entregó esas evidencias a cada una de las defensas, algunas en físico, otra en manera digital”, dijo.

Añadió, sin embargo, que los abogados de los imputados “han pretendido que el tribunal les imprima algunas piezas en físico y el tribunal ha decidido hacer eso”.

“Pero el Ministerio Público depositó todas las pruebas que, repito, son abrumadoras y fulminantes para la defensa”, sostuvo Camacho.