El Ministerio Público procedió este miércoles con la lectura de la solicitud de medida de coerción contra el mayor general Adan Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez y otros cuatro involucrados en el Caso Coral, calificado como un entramado de “corrupción en las entrañas del poder”.
Además del mayor general Cáceres Silvestre y Guzmán Sánchez, en el expediente de la Operación Coral figura el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la citada imputada. También el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Contra el grupo el Ministerio Público solicita a la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, que le imponga un año de prisión preventiva y que declare el proceso de tramitación compleja.
El magistrado Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que es un caso que muestra la corrupción en las entrañas del poder.
“En la medida en que este tribunal pueda tener contacto con las personas que el Ministerio Público imputa en este proceso y los hechos que el Ministerio Público les imputa estará en condición de verificar por qué decimos que este es un caso de corrupción en las entrañas del poder”, detalló.
Dijo que los imputados crearon un entramado militar y policial con el interés de depredar el erario.
El equipo que representa al órgano acusador lo encabezan la directora general de Persecución del Ministerio Público y el titular Pepca, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Además, forman parte los fiscales Marinel Brea, Mervin Romero, Emmanuel Ramírez, María Melenciano, Jonathan Pérez Fulcar y Miguel Collado.
El Ministerio Público indicó que contra los procesados pesan acusaciones de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
El órgano de justicia destacó que los procesados utilizaron sus funciones y su poder en sus actividades delictivas.
Los imputados fueron arrestados el pasado mes de abril en el transcurso de 27 allanamientos realizados en el Gran Santo Domingo y varias provincias del país, en los que las autoridades ocuparon bienes inmuebles y otras posesiones que fueron adquiridas con fondos que corresponden al erario.
La audiencia había sido aplazada en dos ocasiones a solicitud de los abogados defensores de los imputados. La pasada semana fue suspendida luego de que el abogado Félix Portes, quien representa al coronel Núñez de Aza, recusara a la jueza Kenya Romero. Posteriormente, la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidió que continuara con el conocimiento de la audiencia que fue fijada para este miércoles.
La juez Romero ordenó un receso de la audiencia hasta las 3:00 de la tarde.
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