Santo Domingo, RD.- La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso afirmó que son más que suficientes las evidencias con que cuenta el Ministerio Público para que se imponga medidas de coerción en contra de los procesados por su vinculación a la red de corrupción desmantelada el pasado mes de abril con la Operación Coral.

El Ministerio Público solicitó a la juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejo del caso que siguen en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre y Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora).

También, contra el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

Inicialmente, la misma medida fue solicitada contra el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez. No obstante, luego que el imputado declarara en el tribunal de manera amplia y detallada sobre cómo operaba la red de corrupción que distrajo millones de pesos del erario, el Ministerio Público decidió variar la solicitud por arresto domiciliario.

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La directora general de Persecución del Ministerio Público dijo que esas pruebas que han presentado, sustentan hechos que son sumamente graves.

“El Ministerio Público, incluso, decía en el tribunal y reitera que todas las declaraciones que dio Raúl Girón el Ministerio Público tiene pruebas en sus manos”, dijo a periodistas a la salida del tribunal, luego que fuera aplazada la audiencia para dar el fallo el próximo lunes.

Detalló que en el transcurso de las horas han ido observando y analizando las evidencias, “y, quizás, o sin quizás: es uno de los casos que más pruebas contundentes tiene el Ministerio Público y hemos dicho que en su debido momento la iremos presentando”.

Con relación a preguntas de la prensa, sobre si hubo negociación con el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez a propósito de sus declaraciones, la magistrada Reynoso explicó que el Ministerio Público en el transcurso de una investigación aplica las medidas procesales que el Código Procesal Penal les permite que sean aplicadas.

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En ese sentido, resaltó que el Ministerio Público hizo uso de esas medidas procesales.

En torno a preguntas relacionadas a cuestionamientos de los imputados a las pruebas, dijo que “los imputados pueden decir lo que quieran, pero las pruebas están, las tenemos, los mensajes, todos los archivos, las fotografías; todo está en manos del Ministerio Público”.

Reynoso precisó que el Ministerio Público presenta las pruebas conforme a la estrategia del caso.

Respecto a la variación de la medida para Girón, declaró que la medida solicitada es la que se corresponde con la responsabilidad asumida por el imputado y con las garantías que se debe en el proceso.

La procuradora adjunta reiteró que de todas las afirmaciones (hechas por el imputado) tienen las pruebas.