El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva y declarar complejo el caso contra el abogado Johnny Portorreal Reyes, Miguel de Oleo Montero (Miguelón), Hilario Amparo y Miguelina Gómez Santana, imputados de estafar a más de 280 miembros de la familia Rosario que reclaman una supuesta herencia.

La instancia de solicitud de medida de coerción, firmada por la fiscal Evelyn García, encargada del Departamento de Investigación de Falsificaciones de la Fiscalía del Distrito Nacional, indica que los querellantes denunciaron a los encartados por haberles prometido el cobro de una herencia millonaria, presuntamente ascendente a $13 mil millones de euros.

Según la Fiscalía del Distrito, los imputados dijeron a las víctimas que el dinero había sido transferido al Banco de Reservas de la República Dominicana, desde las entidades financieras Santander de España y Banco Zurich, de Suiza.

Asimismo, señala el documento de solicitud de medida de coerción que Portorreal Reyes y sus asociados cobraron altas sumas dinero a las víctimas, que van desde 15 mil hasta 24 mil pesos por persona, con el ardid de hacer las diligencias del supuesto cobro de la falsa herencia.

Entérate más:  Envían a prisión a dos hombres que robaban motocicletas y apuñalaban a sus víctimas

El Ministerio Público le ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, que tipifican los delitos de asociación de malhechores y la estafa, así como los artículos 2, 6 y 9 de la Ley 155-2017 sobre Lavado de Activos.

La solicitud de prisión preventiva está fundamentada en 553 pruebas testimoniales, entre ellas certificación de la Dirección de Migración y del Banco de Reservas, así como las órdenes de arresto emitidas por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, del 21 de mayo de 2021.

El proceso de recepción de denuncias por estafa contra los implicados se inició el 16 de julio de 2018, cuando los querellantes empezaron a llevar sus demandas por ante el Departamento de Falsificaciones de la Fiscalía del Distrito Nacional.