La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió la solicitud del Ministerio Público y decidió la tarde de este jueves mantener en prisión preventiva a Alexis Medina Sánchez y Fernando Rosa, procesados por su vinculación al entramado de corrupción desarticulado en diciembre del año pasado mediante la Operación Anti Pulpo.
“Ocho jueces hasta ahora han confirmado que el Ministerio Público tiene un proceso blindado”, resaltó Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al salir de la sala de audiencia en donde la corte ratificó la prisión contra los imputados.
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Camacho resaltó que “los únicos que no han entendido” la solidez de la acusación son los miembros de la defensa de los imputados. “Una vez más se confirma, ahora por otros tres jueces, además de los cinco anteriores, de que el Ministerio Público ha actuado conforme a derecho y que la única medida de coerción que garantiza que no se vaya a afectar el curso de este proceso y que no se sustraigan evidencias, es la prisión preventiva”, sostuvo.
Camacho valoró la decisión de la corte y recordó que solo la prisión preventiva evita que los implicados en el Caso Pulpo puedan afectar el curso del proceso y sustraer evidencias.
“La corte, en base a derecho, ha mantenido la medida de coerción de prisión preventiva”, dijo al responder preguntas de la prensa sobre cuestionamientos de las defensas en el sentido de que los jueces actúan bajo presión de la sociedad y de los políticos.
“Es el Código que dice que el máximo de la prisión preventiva es un año, y eso no lo tiene que decidir el Ministerio Público, lo dice la legislación”, dijo a periodistas que le preguntaron sobre los alegatos de los abogados defensores respecto al tiempo que tienen sus defendidos en prisión.
La corte, presidida por el juez Rafael Báez, decidió mantener la prisión preventiva tras rechazar un recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados a la decisión del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que ratificó el pasado mes de marzo la prisión preventiva que le impuso en el mes de diciembre de 2020 la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción.
La audiencia para el conocimiento de la apelación inició el miércoles y fue aplazada en horas de la noche para continuar este jueves. El tribunal emitió su fallo en horas de la tarde.
La investigación de este caso está a cargo de la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encabezada por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.
A Juan Alexis Medina Sánchez se le sitúa entre los principales responsables de dirigir el entramado de corrupción desarticulado con la Operación Anti Pulpo. El imputado se valía de su vínculo familiar directo con el poder político, en calidad de hermano del entonces presidente Danilo Medina, para enriquecerse con recursos de los contribuyentes.
Tanto Alexis Medina Sánchez como Fernando Rosa, director del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal, junto a otros involucrados en el caso.
El proceso judicial también se sigue en contra de Aquiles Alejandro Christopher, exdirector de fiscalización de obras de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oisoe; Julián Esteban Suriel Suazo; José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, quienes también cumplen prisión preventiva en dicho recinto penitenciario.
Mientras que contra los procesados Carmen Magalys Medina Sánchez, también hermana de Juan Alexis Medina Sánchez y del expresidente Danilo Medina Sánchez, y Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, pesan tres meses de arresto domiciliario.
Carmen Magalys e Hidalgo Núñez también tuvieron que pagar una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato y se mantienen con impedimento de salida del país.
El encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz quedó en libertad con la obligación de presentarse de manera periódica ante el procurador fiscal que lleva la investigación del Caso Pulpo.
