Los acusados de ultimar de varios disparos al empresario Mártires Paulino Castro recibieron un millón de pesos como pago por su ejecución, informó hoy la Policía.

Además de Paulino, de 59 años, en el hecho de sangre ocurrido la pasada semana en La Romana, fueron muertos el también comerciante Luis Antonio Cordero Paul y el mayor de la Policía Juan Ysidro Aquino Gómez.

Indica EL NACIONAL que por el hecho fueron apresados en Santo Domingo Robert Méndez, de 37 años, y Rafael Alix de la Cruz Vásquez (Fonky), mientras que Domingo Montensino Abreu, de 54, fue detenido en su residencia en La Romana.

Robert Méndez declaró a los investigadores que fue contactado por Montesino Abreu, vía telefónica, quien lo invitó a La Romana donde le encomendó la misión de ultimar a Paulino Castro por la suma de un millón de pesos.

Manifestó que el prófugo Domingo Antonio Ureña Ramírez (Ridel) le habría alquilado un apartamento en el municipio de Villa Hermosa junto a Fonky, y unos tales Randy Rafael Nina y Cate (prófugos), donde permanecieron alojados por 15 días hasta dar con el objetivo.

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En los interrogatorios Méndez expresó que Randy fue la persona que ocasionó las heridas mortales a las víctimas y que Cate era el conductor de la motocicleta en la cual escaparon del hecho, y que más adelante lo esperaba Fonky (detenido) en la yipeta marca Kía, de color negra, la cual utilizaron para abandonar esa ciudad.

Agregó que él se quedó hasta el día siguiente en la vivienda donde se alojaron para recibir el dinero restante del trabajo, consistente en US$9,000.00, ya que el acuerdo era entregarle dicha cantidad después de culminar la encomienda. El dinero fue entregado por Ridel.

Al momento de la detención de Méndez se le ocupó dinero en efectivo en pesos y dólares; una pistola calibre 40mm., y 20 cápsulas.

En el lugar del hecho fueron recolectados cuatro casquillos calibre 9 milímetros y 15 casquillos calibre 40 milímetros.

Extraditado
Paulino Castro fue extraditado a los Estados Unidos, donde luego de cumplir condena por narcotráfico fue deportado al país en 2018, donde un tribunal le devolvió todos sus bienes valorados en 500 millones de pesos.

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