Santo Domingo. Un juez de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional dictó una orden de conducencia contra el investigador Ángel Martínez, tras ser declarado en rebeldía por no presentarse en la demanda interpuesta por el abogado Guido Gómez Mazara, en su contra por supuesta difamación e injuria.

Gómez Mazara acusa a Martínez de haber dicho que él recogía dinero del narcotráfico para entregárselo al recién electo presidente de la República, Luis Abinader, durante la pasada campaña política.

Contra Martínez orden de conducencia porque no se ha presentado en ninguna de las cinco audiencias que se han celebrado incluyendo la vista conciliatoria, a pesar de ser notificado.

Martínez, no se ha presentado en las audiencias, y como establece el Código Procesal Penal, el juez dictó orden de conducencia en su contra, ordeno publicar todos sus datos en los medios de comunicación.

Además, el magistrado dispuso que el Departamento de Búsqueda y Captura de la Fiscalía del Distrito Nacional apresar al comunicador Ángel Martínez para que comparezca en la audiencia del a demanda en su contra.

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El comunicador Ángel Martínez, quien se autodefine como un investigador privado, reside en la ciudad de Miami, Florida desde donde hace las transmisiones a través de su canal de youtube en la que acusa a diversas personalidades de estar vinculadas al narcotráfico y al lavado de dinero.

Otro Sometimiento

Se recuerda que el diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) Sergio “Gory” Moya sometió a la justicia al comunicador Ángel Martínez, quien lo vinculó al narcotráfico en un programa transmitido a través de YouTube.

Tras las declaraciones, Moya se querelló ante la Fiscalía del Distrito Nacional contra Martínez, a quien acusó de violación a la Ley de Crímenes y Delito de Alta Tecnología y por difamación e injuria

Moya relató que el comunicador Martínez informó en su canal de YouTube “Detective Angel”, que el diputado del Distrito Nacional por el PRM supuestamente estaba vinculado al narcotráfico.

Ante las acusaciones, Moya solicitó que el tribunal condene a Martínez a un año de prisión y al pago de una indemnización de 10 millones de pesos por daños y perjuicios. También que sea sentenciando al pago de una multa de la tercera parte del salario mínimo del sector público.

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